Fuente: NOTIFAX, Cálculos: Corporación Excelencia en la Justicia
Al igual que le sucede a la mayoría de los países de América Latina, Colombia también sufre del mal conocido como “inflación legislativa.”
Muchas son las causas que se le han adjudicado al problema. Sin embargo, la ausencia de una técnica legislativa bien establecida y de una política permanente de depuración y consolidación del sistema son las más conocidas.
La preocupación por la multiplicidad de normas se debe a su tendencia inherente a la inseguridad jurídica y a la transformación de nuestro ordenamiento jurídico en uno inestable. Como protagonistas de la problemática se destacan el abuso de la cláusula de derogatoria abierta o tácita y de la cláusula de derogatoria expresa indeterminada por parte de los legisladores. Así, la falta de precisión y clara determinación de la norma vigente y de la derogada generan el desconocimiento de las reglas de juego pertinentes por parte de los funcionarios y de la comunidad en general.
Como se observa en la gráfica, desde el año 2005 en el país se han producido 362 leyes que es necesario adicionar al enorme banco de leyes existentes. Si contamos desde el año 1991, después de que la nueva Constitución entró en vigencia y se cambió la manera de numerar las leyes, el total de estas últimas es 1306 en 18 años.
La cifra que se presenta para 2009 es preliminar pues al cierre de la redacción de este justiciómetro restan maratónicas jornadas para la terminación de la legislatura el 20 de Junio.
Dentro de los esfuerzos para racionalizar la legislación se encuentra el seguimiento realizado por el DANE en el 2005 al Programa de Racionalización y Simplificación del Ordenamiento jurídico coordinado por el Ministerio de Interior y de Justicia. Más recientemente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia de casación No. 29053 de 2008 le manifestó su preocupación al Congreso por la inflación legal en materia penal. Gracias a este pronunciamiento, el Senador Parmenio Cuellar propuso en abril de este año un proyecto de acto legislativo para constitucionalizar la política criminal del país y así lograr sistematizar la legislación en materia penal.
Aún así, serán necesarias muchas más iniciativas, no sólo en el ámbito normativo, sino también las atinentes a la capacitación y gestión jurídica de los órganos que cuentan con iniciativa legislativa.
Para concluir este análisis, es necesario tener en cuenta que el ordenamiento jurídico debe ser integral y al tener conciencia de esto se puede anticipar fácilmente el efecto que tendrá una ley.
