Bogotá, 1 de junio de 2026. La Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ—, en cumplimiento de su misión de velar por el fortalecimiento del Estado de Derecho, la preservación de la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, destaca el ejemplar comportamiento de los colombianos durante la primera vuelta electoral. La masiva, pacífica y ordenada concurrencia a las urnas ratifica la profunda vocación democrática de la ciudadanía y su deseo de canalizar sus diferencias políticas por medio de los mecanismos constitucional y legalmente establecidos.
Esa ejemplar actitud ciudadana exige, con igual rigor, un comportamiento institucional plenamente ajustado a los límites que impone el Estado de Derecho. En ese sentido, conviene recordar que el ordenamiento jurídico colombiano establece una prohibición clara de participación en política para el presidente de la República y para quienes ejercen cargos públicos, con el propósito de salvaguardar el equilibrio de poderes y la transparencia del proceso electoral. El desconocimiento de este mandato mina la confianza en la administración pública y quebranta las reglas del juego democrático. En consecuencia, exhortamos a los organismos de control a actuar con la mayor celeridad para establecer las responsabilidades a que haya lugar.
El acatamiento y el respeto irrestricto por los resultados electorales constituyen premisas indispensables para que la vida democrática, social y económica del país se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad. Se les hace un flaco servicio a las instituciones y a la paz al pretender desconocer o deslegitimar un resultado electoral revestido de plenas garantías técnicas, logísticas y jurídicas para todos los sectores políticos. Intentar sembrar dudas infundadas sobre el sistema electoral, por fuera de los mecanismos legales, solo genera una polarización nociva y debilita el andamiaje institucional que protege a todos los ciudadanos.
La CEJ reitera su llamado a los líderes políticos, a los gobernantes y a la sociedad en general para que actúen con la madurez y la prudencia que este momento exige, y reafirma que la legitimidad institucional y el imperio de la ley están por encima de cualquier interés coyuntural.
