Abelardo de la Espriella

• Lucha contra la corrupción: propone una estrategia de “cero impunidad”, incluyendo la creación de un bloque de búsqueda contra corruptos, recuperación masiva de bienes ilícitos, auditorías estrictas, depuración de funcionarios y una ley de ética pública con sanciones más severas.
• Reforma a la justicia: plantea una justicia más rápida y severa, con eliminación de la JEP, fortalecimiento de la justicia ordinaria, endurecimiento del sistema penal y reducción de beneficios para delincuentes, junto con medidas de eficiencia basadas en autoridad estatal.
• Seguridad y política criminal: propone un enfoque de control territorial y combate frontal al crimen, con ofensiva militar y policial, metas de captura de cabecillas, fumigación de cultivos ilícitos y ampliación del sistema penitenciario mediante la construcción de megacárceles de máxima seguridad.
• Tecnología e innovación: plantea el uso de tecnología principalmente en seguridad (inteligencia, drones, vigilancia del narcotráfico) y desarrollo económico, con menor desarrollo específico en modernización tecnológica del sistema judicial.

Iván Cepeda

• Acceso a la justicia:propone fortalecer la presencia del Estado y del sistema de justicia en los territorios, con énfasis en comunidades afectadas por la violencia, la exclusión y la corrupción, así como garantizar el acceso a la justicia para víctimas, incluyendo verdad, justicia y reparación integral.
• Lucha contra la corrupción: plantea enfrentar la “macrocorrupción” como un fenómeno estructural, mediante la creación de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, con enfoque en prevención, investigación de redes criminales, sanción efectiva, recuperación de recursos y participación ciudadana en el control social.
• Reforma a la justicia: propone fortalecer el sistema judicial con un enfoque estructural, superando la visión de casos individuales y adoptando metodologías de macrocriminalidad; incluye la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para investigar grandes redes de corrupción, instancias de juzgamiento especial y mecanismos de reparación a víctimas.
• Seguridad y política criminal: plantea un enfoque centrado en la paz, los derechos humanos y la superación de las causas estructurales de la violencia, priorizando la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como el fortalecimiento de la justicia frente a crímenes graves y violaciones a derechos humanos.
• Tecnología e innovación: propone fortalecer sistemas de información, trazabilidad del gasto público y herramientas de alertas tempranas para prevenir la corrupción, mediante integración de datos y transparencia en tiempo real.

Sergio Fajardo

• Acceso a la justicia: Plantea fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios, combinando acción de la Fuerza Pública, Fiscalía y programas de desarrollo social, con participación de autoridades locales y comunidades.
• Lucha contra la corrupción: Propone combatir las economías ilegales y las fuentes de financiación del crimen mediante el fortalecimiento de la inteligencia financiera, la articulación entre entidades como la Fiscalía, la UIAF y la Fuerza Pública, y la extinción de dominio de bienes ilícitos. También plantea mejorar la transparencia en la gestión pública, especialmente en entidades como la DIAN, evitando interferencias políticas en su operación.
• Reforma a la justicia: Propone mejorar la capacidad del sistema para investigar y judicializar el crimen organizado, mediante el fortalecimiento de la investigación criminal, la coordinación interinstitucional y el uso de inteligencia estratégica.
• Seguridad y política criminal: Plantea recuperar el control territorial “con todo el peso de la ley”, desmantelar las economías criminales (narcotráfico, minería ilegal, contrabando) y fortalecer la Fuerza Pública. Propone desmontar el modelo actual de negociación con grupos armados, establecer condiciones estrictas para eventuales diálogos y promover una ley de sometimiento para organizaciones criminales. Además, plantea estrategias específicas contra extorsión, secuestro y narcotráfico, así como la construcción de cárceles y la reforma del sistema penitenciario para reducir hacinamiento y corrupción.
• Tecnología e innovación: Propone el uso de inteligencia y herramientas tecnológicas para fortalecer la capacidad del Estado en materia de seguridad y justicia, incluyendo el uso de plataformas de información y analítica para enfrentar el crimen organizado.

Claudia López Hernández

• Acceso a la justicia: Propone una justicia más cercana al ciudadano mediante el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios, la descentralización del sistema y su articulación con servicios sociales como salud, educación y cuidado.
• Lucha contra la corrupción: Plantea un combate estructural a la corrupción política y administrativa, mediante la eliminación de intermediación opaca en la contratación pública, el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional y la trazabilidad del gasto público.
• Reforma a la justicia: Propone una reorganización del sistema judicial en tres niveles: uno enfocado en la lucha contra mafias (crimen organizado, narcotráfico y corrupción), otro correspondiente a la justicia ordinaria fortalecida, y un tercero de justicia restaurativa orientado a la resolución de conflictos comunitarios. Incluye la creación de una Fiscalía antimafia y el fortalecimiento de la capacidad del sistema para reducir la impunidad.
• Seguridad y política criminal: Plantea una estrategia integral centrada en la recuperación del control territorial por parte del Estado, la desarticulación de economías criminales y la coordinación entre Fuerza Pública, Fiscalía y sistema judicial. Su enfoque parte del diagnóstico de que el crimen organizado y la corrupción han capturado territorios y debilitado la institucionalidad.
• Tecnología e innovación en justicia: Propone la modernización del Estado mediante el fortalecimiento de sistemas de información y la articulación institucional, orientados a mejorar la gestión pública y la transparencia.

Paloma Valencia

• Acceso a la justicia: propone juzgados itinerantes y de respuesta rápida para zonas rurales, la construcción de 50 casas de justicia y brigadas móviles en territorios sin presencia judicial, así como un modelo de “una familia, un solo juez”, especialmente para casos de violencia intrafamiliar.
• Lucha contra la corrupción: plantea una política de “cero cargos para corruptos”, evitando el nombramiento de personas condenadas, así como auditorías forenses a entidades públicas, fortalecimiento de la trazabilidad de la contratación y uso de herramientas tecnológicas para control en tiempo real.
• Reforma a la justicia: propone fortalecer el sistema penal para lograr una justicia más rápida y efectiva, incluyendo fiscales especializados por estructuras criminales, sanciones a prácticas dilatorias, endurecimiento de penas para reincidentes y uso de herramientas tecnológicas para reducir la congestión judicial.
• Seguridad y política criminal: plantea un enfoque de fortalecimiento de la capacidad del Estado para combatir el crimen, con medidas como bloqueo de comunicaciones en cárceles, ampliación de cupos penitenciarios, extinción de dominio sobre bienes ilícitos y estrategias para garantizar judicialización efectiva.
• Tecnología e innovación: propone el uso de inteligencia artificial en investigación criminal y gestión pública, así como herramientas de analítica de datos y sistemas de trazabilidad para mejorar la transparencia en la contratación estatal.

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