Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2009 – Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá
Recientemente, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá publicó los resultados de la última Encuesta Bienal de Culturas, realizada en 2009. El objeto de este instrumento es ofrecer información a la ciudadanía y entes distritales sobre la cultura en temas como la participación política, valores democráticos, cultura cívica, entre otros.
Dentro de esta encuesta, una de las preguntas que llaman la atención en materia de justicia, hace referencia a las percepciones que tienen los ciudadanos acerca del funcionamiento de la justicia penal. En efecto, se preguntó acerca del apoyo a la afirmación “en Colombia el problema de la justicia está en que la policía detiene a los delincuentes pero los jueces los sueltan”, arrojando como resultado un 21,7% de encuestados que están completamente de acuerdo, así como un 57,4% que están de acuerdo. Lo anterior es sumamente preocupante, puesto que evidencia la falta de apoyo de casi un 80% de la ciudadanía hacia el Sistema Penal Acusatorio.
Dos factores se pueden identificar como causas de este fenómeno. Por una parte, el dramático incremento de la percepción de aumento de la inseguridad que se ha registrado en la ciudad durante los últimos años. De acuerdo con la última encuesta de percepción y victimización elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá, en junio de 2006 se presentó la percepción más baja en este aspecto (cuando 31% de la población consideraba que la inseguridad se incrementó), mientras que para el segundo semestre de 2009 alcanzó su nivel histórico más alto, puesto que un 59% de la población percibió un incremento en la inseguridad. En segundo lugar, se presenta la divulgación de ciertos casos en los medios de comunicación, en los que jueces de garantías ordenan la libertad de procesados dentro del Sistema Penal Acusatorio (SPA), situación que genera descontento en la mayoría de la población. Esto, especialmente en casos donde se registra la presunta comisión de conductas como acceso carnal violento, homicidio, hurto agravado y secuestro extorsivo.
De esta forma, la ciudadanía tiende a favorecer la privación de la libertad frente al delito, teniendo en cuenta la creciente sensación de inseguridad existente; a lo cual se suma el hecho de desconfiar del funcionamiento del SPA por la divulgación de casos en los que se decreta la libertad de los procesados. Sin embargo, la expectativa ciudadana sobre la necesidad de acudir a medidas de encarcelamiento va en contra de la misma naturaleza del sistema, el cual se caracteriza por concebir la privación de la libertad como una excepción dentro del proceso penal, a la vez que prioriza el respeto de las garantías de los procesados.
Por este motivo, en procura de asegurar la legitimidad del SPA entre la ciudadanía, se debe promover el sistema y dar a conocer a la opinión pública las motivaciones del garantismo que este implica, así como sus bondades en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de los procesados. De la misma forma, es necesario generar campañas que permitan entender que prescindir de medidas de encarcelamiento no es algo equiparable a generar impunidad frente al delito, puesto que en todo caso, la privación de la libertad de los imputados es una medida de aseguramiento dentro del proceso penal, más no un castigo como lo sería la pena privativa de la libertad cuando existe condena por un delito. En síntesis, se debe acercar la justicia al ciudadano, para que éste entienda su funcionamiento y los fundamentos de algunas actuaciones como la preservación de la libertad que, si bien en principio pueden parecer inadecuadas, obedecen a la naturaleza de un sistema penal que respeta los derechos fundamentales y las garantías procesales.
