Para su elaboración se contó con la participación de directivos y asesores de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y el Ministerio del Interior y de Justicia.
El informe de seguimiento, que cubrió el período comprendido entre marzo de 2006 y diciembre de 2008, consta de tres capítulos: En el primero, se realiza una descripción general de la Política, sus ejes estratégicos y los proyectos que los componen. El segundo, se concentra en los resultados de la ejecución física y presupuestal de la Política. Por último, en el tercer capítulo se señalan las conclusiones y recomendaciones encaminadas a su mejoramiento y sostenibilidad.
Entre los logros de la Política que se destacan en el informe, se encuentran la elaboración y socialización de un protocolo dirigido al reconocimiento de hechos que constituyen violaciones a los DDHH o infracciones al DIH; el impulso a más de 100 investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos de comunidades indígenas; la transmisión satelital de las diligencias de versión programadas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General, a salas móviles en donde pueden ser presenciadas por las víctimas; y el fortalecimiento de la capacidad investigativa de la Fiscalía, a través de la compra de equipos y aumento de la planta de personal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
Primer Informe de seguimiento a la Política de lucha contra la impunidad
