Análisis de la situación presupuestal del sector Jurisdiccional para el año 2013

Comparación entre lo contemplado en el proyecto de ley de presupuesto presentado al Congreso  y el acto legislativo 07 del 2011 (Reforma a la Justicia)

 El presupuesto sería mayor si el proyecto de reforma constitucional a la justicia hubiese sido aprobado: La cifra es de 2.541.101.951.242, sin tener en cuenta los recursos extraordinarios.

En primer lugar, el artículo 11 de la reforma a la justicia, parágrafo transitorio,  modificaba sustancialmente el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia incluyendo dos aspectos importantes sobre el presupuesto destinado al sector jurisdiccional[1]. El primero de ellos era la destinación de 2 billones de pesos adicionales al presupuesto de inversión: “Durante los seis (6) años fiscales siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, en el presupuesto General de la Nación se destinará para el sector Jurisdiccional de la Rama Judicial en total dos (2.0) billones de pesos adicionales a su presupuesto ordinario de inversión”. El segundo era la  reglamentación del aumento anual del presupuesto: “el presupuesto ordinario de funcionamiento e inversión del sector jurisdiccional de la rama judicial aumentará, como mínimo, en un porcentaje equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior más dos puntos porcentuales.”

Bajo este escenario, el presupuesto ordinario de funcionamiento e inversión hubiese crecido como mínimo el 6%, pasando de $2.397.265.991.738 en el 2012 a $      2.541.101.951.242 en el 2013. Esto suponiendo una inflación del 4% (techo de la meta del Banco de la República) más el 2% de incremento que contemplaba la reforma:

Ahora bien, si tenemos en cuenta los $333.333.333.333 de recursos extraordinarios  que contemplaba la reforma, obtendríamos un presupuesto total de $2.874.435.284.576. Esto representaría un aumento del 19,9% del presupuesto del sector jurisdiccional del 2012 al 2013. Sin embargo, cable aclarar que estos recursos extraordinarios poseían fines específicos: “la ejecución de planes de descongestión en todas las jurisdicciones; a la implementación de los procedimientos orales y por audiencias; al uso, acceso y dotación de tecnologías de la información y las comunicaciones; y a la inversión en infraestructura que garantice la adecuada atención de los ciudadanos y la eficiente tramitación de los procesos”.

En comparación, el proyecto de presupuesto para el año 2013 (PGN 2013) presentado por el gobierno contempla solo un aumento del 5%, pasando de $2.397.265.991.738 en el 2012 a $2.517.046.140.043 en el 2013 (ver tabla 1: Presupuesto rama judicial, pesos corrientes). Es decir, el aumento propuesto por el gobierno es 1% menor al contemplado en la reforma a la justicia (sin tener en cuenta los recursos extraordinarios) y  14,9% menor (contando los recursos extraordinarios). Este aumento también resulta bajo cuando se tiene en cuenta que el sector jurisdiccional está implementando el nuevo Código Contencioso Administrativo y el nuevo Código General del Proceso.

Por último cabe resaltar que el proyecto de ley del presupuesto para el 2013 aumenta de manera significativa el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación (16%) y el de Medicina Legal (11%). (ver tabla 2: Presupuesto Rama Judicial, variación %)