Este hecho violento se registró dos meses después del asesinato del fiscal Séptimo Especializado Jairo Martínez Solarte.
Aunque se trata de casos diferentes, lo que sí queda claro y en evidencia, de acuerdo con las autoridades, es la presión del crimen organizado para tratar de obstruir las investigaciones o influir en los fallos judiciales.
El ataque del miércoles pasado a la jueza Libreros González habría sido ordenado por la banda delincuencial ‘Los del Caminito’, que actuaba en Siloé, según el comandante de la Policía Metropolitana, Miguel Ángel Bojacá.
Hace ocho días la funcionaria les impuso, a los diez miembros del grupo ilegal, condenas que suman en total 95 años de prisión. Pero vísperas a la lectura del fallo, ella fue amenazada de muerte con el objetivo de que cambiara su decisión.
Al igual que la señora Libreros, otra jueza de su misma rama también está en la mira de los violentos.
Estos hechos han llevado a que los seis jueces penales especializados que existen en la ciudad tengan que administrar justicia acompañados por escoltas (en algunos casos) o se movilicen con chalecos antibalas.
Lo mismo sucede con ocho fiscales especializados que están amenazados de muerte y que deben moverse de un despacho a otro con sus escoltas.
Sin embargo, los riesgos también están latentes para otros 12 fiscales especializados más e incluso para los 12 fiscales de la Unidad de Vida (que investigan los homicidios), los cuales no tienen escoltas.
Detrás de esas intimidaciones están las bandas de narcotraficantes y de sicariato, señalan fuentes judiciales. De hecho, una de las advertencias fue recibida por el fiscal que manejó la investigación contra la banda del ‘Indio William’, la cual cometía homicidios, extorsiones y vendía droga en Jamundí. 17 integrantes de esa organización ilegal, que era del ala del narcotraficante preso Diego Montoya, fueron sentenciados a prisión en abril pasado.
Otro caso en el que se evidenció la sombra de la muerte fue tras la captura de los siete ex policías de la Sijín por la desaparición de dos agentes de la institución. El fiscal también recibió mensajes intimidatorios.
En julio pasado la Sijín descubrió que en una vivienda de la ciudad se le estaba haciendo brujería al juez 19 Penal Elmer Velasco y a la fiscal 26 Seccional Miriam Sierra, los cuales adelantaban un proceso por homicidio. Además de estas presiones a sus espaldas, los fiscales deben ejercer sus labores en medio de condiciones que ponen en riesgo su seguridad.
Por causa del carrobomba al Palacio de Justicia, los juzgados penales quedaron desperdigados en el centro. Aparte de que no tienen la suficiente vigilancia.
La ciudad cuenta con 18 fiscales especializados y 12 fiscales de la Unidad de Vida. Sólo 8 tienen escoltas. Los especializados manejan casos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y secuestro extorsivo.
“Los despachos de los jueces con funciones de Control de Garantías en la Calle 9 con Carrera 2 están en zona de alto riesgo. Después de las 6:00 p.m. eso queda solo y hay audiencias que se prolongan hasta la madrugada. Estamos haciendo justicia sin garantías”, aseguró un fiscal.
Sin embargo, lo que más inquieta a los funcionarios es que los dos últimos atentados ocurrieron en las viviendas de los objetivos de los criminales .
“El fiscal Martínez Solarte fue asesinado en su casa frente a sus hijos. La jueza también fue atacada en su residencia”, acotó una fuente.
A raíz del crimen contra Martínez, 22 fiscales recibieron instrucciones en defensa personal, cómo disparar, por parte de la Policía. A algunos les ofrecieron traslados a otras ciudades.
Sin embargo, para los afectados la solución no está en que los cambien de departamento. “Eso va en detrimento económico y de arraigo nuestro, además no soluciona nada porque el que venga va a continuar con las investigaciones”, expresó un fiscal que omitió su identidad.
Para estos funcionarios, la clave está en que se desarrolle un esquema de seguridad integral, “con carros blindados, medios de comunicación, un plan que verdaderamente minimice los riesgos”, agregó.
En este punto coincide la magistrada Gloria Canaval, presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, quien sostiene que falta una verdadera política de Estado para la protección de estos servidores públicos.
“Debe existir un presupuesto para la seguridad, que haya más personal policial asignado a ellos, chalecos antibalas y carros blindados”, concluyó Canaval.
Mientras tanto la Policía estudia nuevas medidas para garantizarle la vida a estos servidores públicos.
Dato clave
“La delincuencia quiere doblegarnos, pero no lo vamos a permitir. Nos preocupa la falta de apoyo del Gobierno Nacional y Departamental. ¿Qué es una democracia sin justicia?”. Fiscal Especializado.
Homenaje póstumo
Por el crimen contra el fiscal Jairo Martínez Solarte no hay un solo capturado.
Esta tarde se le rendirá un homenaje póstumo en el auditorio de la Andi, en la Calle 15 No. 36-110.
Participarán el director nacional de Fiscalías, Germán Ancizo Uribe, y la directora nacional del CTI, Marilu Méndez.
