El pasado siete de septiembre, el senador del partido de La U Manuel Enrique Rosero radicó el proyecto de acto legislativo que busca la modificación del artículo 116 de la Constitución Política, que se refiere a las funciones judiciales. Según el autor del proyecto, “hoy existe una violación flagrante del derecho fundamental de la doble instancia, que incluso ha sido reconocido dentro del bloque de constitucionalidad”.
De este proyecto, básicamente son dos puntos los que han generado mayor controversia. El primero tiene que ver con el hecho de quitarle a la Corte Suprema de Justicia la competencia de investigar y juzgar a altos funcionarios del Estado y congresistas. El acto legislativo plantea que el nuevo tribunal especial deberá tener la facultad para investigar penal y disciplinariamente a los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal General; al Procurador General; al Contralor General y a los congresistas. Con esta propuesta, el número actual de estos altos funcionarios se amplía con el Procurador General y el Contralor de la República.
El Presidente de la República también podría ser investigado y juzgado por este tribunal, pero solamente de manera penal. En la parte disciplinaria el Congreso adelantaría los procesos respectivos. “Cuando el Presidente de la República o quien haga sus veces sea acusado por mala conducta en el ejercicio del cargo, se impondrán sanciones político-disciplinarias que pueden llegar hasta la destitución del cargo. Esta competencia será del Congreso”, señala el proyecto de acto legislativo.
El segundo de los puntos que ha generado debate tiene que ver con la elección de los magistrados que compondrían ese tribunal, pues se propone que sea el Consejo Superior de la Judicatura el que tenga esta responsabilidad. El artículo tres del documento señala: “Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, conjuntamente la sala administrativa y disciplinaria, elegir a los Magistrados del Tribunal Nacional Especial para periodos individuales de ocho años, integrado por nueve Magistrados”.
Las Altas Cortes fueron las primeras en pronunciarse y rechazar la iniciativa, asegurando que el proyecto es inconstitucional porque propone una reforma sustancial de la Constitución de 1991. El vicepresidente de la Corte Suprema, magistrado Jaime Arrubla, sostuvo que “lo que se está haciendo con el proyecto es poner un obstáculo a mitad de camino, quitándole esa competencia a la Corte e impidiendo que se haga justicia”. Explicó que justamente sale el proyecto cuando se está llevando una de las investigaciones más importantes de los últimos tiempos en torno al fenómeno de la ‘parapolítica’, aduciendo una intención de “impunidad” en los procesos de congresistas que ya están adelantando y en los que vendrán.
A título personal, el magistrado advirtió que lo que transmite el proyecto es el mensaje de que Colombia es un país con una cúpula en el Estado de delincuencia. El magistrado Arrubla señaló que confía en el criterio del Congreso y el curso que le dé a este proyecto. A su turno, el presidente del Consejo de Estado, Rafael E. Ostau De Lafont, consideró que ese proyecto debe analizarse con seriedad, porque suscita inquietudes y polémicas. “No es necesario hacer una propuesta como esa, porque la Corte está cumpliendo con sus funciones constitucionales”, dijo De La Font. Además, calificó esa iniciativa como “compleja, confusa y sin profundidad” y agregó que lo único que logra es generar polémica después de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, de devolver los casos de ex congresistas a la Sala Penal del alto tribunal.
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
En lo que se refiere a quién debería elegir a los nueve magistrados que integrarían el tribunal especial, el magistrado Arrubla cuestionó que sea el Consejo Superior de la Judicatura. Indicó que el proyecto dice que la elección de ese nuevo tribunal se hará en Sala Plena de Consejo Superior, magistrados que en su mayoría han sido candidatos ternados por el Presidente de la República. Eso quiere decir que “ese nuevo tribunal sería elegido indirectamente por el Congreso, para que juzgue al Congreso”, precisó Arrubla.
