Hemos sido testigos de este proceso y somos optimistas por la suerte de esta reforma, porque ella es el resultado: a) De un análisis de la situación. b) De una amplia consulta que se inició con motivo de los intentos de reforma. c) La reforma del Gobierno recoge en mucho las propuestas de la Comisión de Expertos, en la cual participaron magistrados, los presidentes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, ex magistrados, juristas, académicos y ONG, comisión que a su vez había hecho consultas. d) El equipo asesor del gobierno Santos estuvo igualmente integrado por ex ministros, abogados litigantes, ex magistrados, por la CEJ y por el Instituto de Derecho Procesal. e) Es el resultado de la fusión de las iniciativas de los candidatos a la Presidencia, en especial las de Santos y Vargas, cuyos equipos de campaña venían trabajando desde hace años el tema de la Justicia. f). Se presenta en un ambiente de distensión y de armonía con las cortes y es consultada con ellas, con la esperanza de que se pronuncien sobre ella y que participen activamente en su perfeccionamiento. f) Es uno de los 10 puntos del Acuerdo Nacional propuesto por el presidente Santos, quien tiene la determinación para sacarla adelante.

Esta reforma es un buen inicio, pero indudablemente por sí sola no resuelve todos los problemas. Los más graves se solucionan con gestión, modernización y simplificación de procedimientos judiciales, recursos suficientes, uso de TIC, disciplina procesal, rendición de cuentas de los operadores y educación de los ciudadanos para utilizar un servicio de manera razonable y responsable. Otros problemas pasan por la expedición de leyes adecuadas para la lucha contra las nuevas formas de criminalidad y de delitos menores, para favorecer el acceso a la justicia, por el diseño y coordinación de una política criminal apropiada, entre otras cosas.

Resaltamos de esta reforma el reconocimiento constitucional y la acotación de la tutela contra sentencias, el fortalecimiento de la función de gobierno y regulación de la rama judicial a través de la transformación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los requisitos de experiencia relacionada de los miembros permanentes del Consejo, el rango constitucional y el fortalecimiento de la función de gerencia de la rama judicial, la transformación de la función disciplinaria de jueces y abogados y el control disciplinario a las altas cortes, las nuevas funciones de la Corte Constitucional, la posibilidad de que el Fiscal no tenga que acusar directamente a los aforados ante la Corte Suprema y que la política criminal pueda establecer prioridades para la lucha contra la delincuencia.

Hay otras iniciativas en el proyecto que nos inquietan: la igualdad de armas entre víctimas y defensa en los procesos penales, la implementación del precedente judicial, ya que en Colombia es difícil establecer cuál es la jurisprudencia vigente, la atribución transitoria de funciones jurisdiccionales a los notarios y a los abogados para la descongestión judicial, el funcionamiento de la función disciplinaria de las altas cortes.

Las cartas de la reforma están destapadas, ojalá diversos sectores de la sociedad colombiana nutran este esfuerzo del Gobierno, que seguramente contribuirá a que nuestra Justicia se transforme en un servicio público eficiente, oportuno y de calidad para el bien de todos los ciudadanos. La CEJ seguirá participando y aportando su conocimiento en este proceso de reforma.

* Directora de la Corporación Excelencia de la Justicia

Gloria María Borrero *