La discusión comenzó el martes pasado, pero gracias a una oposición pendiente y una coalición dividida, tuvo que ser levantada, por lo cual el debate continúa como comenzó.
Los micos
Pero lo que muchos prevén en esta nueva jornada de discusiones es que el Gobierno y la coalición buscarán, más que aprobar el proyecto, defenderlo de las críticas que se han suscitado en su contra, sobre todo por los presuntos micos que existirían en el articulado.
El primero de éstos y que, seguramente, acapara la atención es el de la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas, el cual fue denunciado por los liberales. De acuerdo con el articulado, la Corte Constitucional serviría de juez de control de garantías “en los términos que designe la ley”. No obstante, tal ley no ha sido redactada.
El artículo, que fue calificado como un orangután, fue la razón principal por la cual los senadores liberales se levantaron de la mesa de discusión de la reforma.
También el articulado establece restricciones al accionar de la Procuraduría General de la Nación en lo relacionado a sus competencias frente a los congresistas y funcionarios con fuero.
El artículo 16, inciso 2 del proyecto indica que será la sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura la que conozca de estos procesos, en primera y segunda instancia.
De esta manera, se modifica el numeral seis del artículo 277 de la Constitución Política, en el que se ordena que el Procurador ejerza vigilancia sobre la conducta de los aforados.
En el nuevo artículo se propone que “estas funciones no serán aplicables en el caso de los congresistas”.
“Se subroga, así, la disposición vigente que le otorga al Procurador General de la Nación dicha facultad, pues considera el Gobierno que este alto funcionario del Estado, al ser elegido por el Congreso de la República, no debe conservar la potestad de ejercer la función disciplinaria con respecto a los servidores públicos que lo eligen”, explica el Gobierno para que el proyecto sea aprobado.
División uribista
El artículo 7 es el principal escollo para que la reforma pase, según los mismos uribistas, a quienes la reforma los ha dividido.
Mientras que los conservadores siempre han mostrado su apoyo irrestricto a la reforma, los del Partido de La U y Cambio Radical tienen serias restricciones sobre este acto legislativo.
Dentro de la bancada de Cambio Radical existen miembros que aseguran que el tema de las instancias para juzgamientos de los congresistas debería desaparecer de la reforma.
“Esta es la peor oportunidad para hablar de dobles instancias”, aseguró un legislador de esta colectividad en el marco del estudio de la reforma la semana pasada.
La posición de las Cortes
A este panorama se le suma la posibilidad de que las Altas Cortes se presenten para dar su punto de vista sobre la reforma, el cual nunca ha sido discutido con el Gobierno. Cabe recordar que el jueves pasado, el Consejo de Estado envió al Senado un extenso documento para que los legisladores discutieran la pertinencia del acto legislativo.
Sobre el particular, el magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería, ha recogido tal vez la más repetida crítica al proyecto: que no ayuda a la descongestión judicial.
“En el texto no se habla de la asignación de nuevos recursos”, manifestó el Magistrado, quien indicó que, por estas cuestiones, se presentan situaciones como el actual paro judicial.
“Resultaría grave que la Fiscalía sea la mitad de la rama judicial y se encuentre en manos del Gobierno. Y si además de eso se asignan políticas de acuerdo con los partidos políticos, lo que vamos a tener en el mediano plazo es una justicia política”, aseguró el jurista.
El Nuevo Siglo / 14 de octubre de 2008
