Por Yesid Toro Meléndez | Reportero de El País
“Devuélvame lo que me robó”, le dijo *Amanda al hombre que se metió a su apartamento en el barrio La Flora.
Lo conocía. Era el hijo de una mujer que por varios meses trabajó en su casa como empleada doméstica. Éste, aprovechando la confianza ganada por su madre, planeó irrumpir en el inmueble para saquearlo un domingo, sin advertir que su víctima permanecía allí y ese día lo descubriría en el acto.
Todo lo que el ladrón se llevó fue un televisor plasma de 21 pulgadas. Aquello fue para Amanda un vil robo, pero para la justicia es un hurto de menor cuantía, un delito menor, que se puede resolver con sólo llegar a una conciliación.
Como éste, 3.843 casos de hurto simple o de menor cuantía han llegado este año a los tres Centros de Servicios Judiciales con que cuenta la Fiscalía en Cali, para atender las denuncias de todo tipo que son instauradas por los ciudadanos.
Según los registros de la Fiscalía, el 80% de las personas denunciadas en la ciudad por delitos menores, entre los que se encuentran el hurto simple, lesiones personales, injuria y calumnia, no están siendo penalizadas. Ello pese a que son los casos que más motivan denuncias por parte de la sociedad civil.
“Por estos delitos se registran el mayor número de denuncias en los centros judiciales. En el caso de incurrir en cualquiera de estas faltas a la ley ningún ciudadano va a una cárcel, salvo que alguna de ellas registre un agravante como para que un juez considere que el imputado representa riesgo para la sociedad o para la víctima”, dijo el fiscal Carlos Andrés Guzmán.
En el caso del joven que robó a Amanda, por ejemplo, no hubo intimidación con un arma de fuego y por eso el delito en que incurrió sólo fue un hurto simple. La afectada tuvo que conformarse con llegar a un acuerdo con la madre del ladrón, quien apenada sí quiso responder por la falta.
Sin embargo, muchos de los delitos menores no son resueltos en conciliaciones, ya sea por amenazas contra la víctima o porque la gente considera que no vale la pena tanta espera en trámites.
“La existencia en la legislación actual del principio de oportunidad, de medidas como la conciliación, indican que el Sistema Penal Acusatorio sólo está diseñado para llevar a juicio aquellos delitos graves. No se deben gastar los recursos investigativos en delitos de poca monta, cuando hay delitos de mayor connotación social y que causan gran daño a la sociedad”, conceptuó la magistrada Carlina Mireya Varela, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura.
Armas y drogas, otro lío
Pero además de las múltiples quejas de la comunidad, debido a que los delitos menores no son castigados de manera ejemplar pese a su afectación, actualmente existe otra preocupación que tiene alarmadas a las autoridades judiciales de la ciudad: se trata del alto número de delincuentes que son capturados con armas y drogas en las calles de la ciudad y que prontamente recobran su libertad.
Según la Policía, de las 1.994 personas que han sido capturadas por porte ilegal de armas de fuego, 1.679 han quedado en libertad y sólo 258 han ido tras las rejas. Las otras 48 tienen detención domiciliaria y 9 están con libertad condicional.
El comandante de la Policía Metropolitana, general Miguel Ángel Bojacá, advirtió que sus hombres realizan a diario numerosas capturas por porte de armas y tráfico de estupefacientes. “La Fuerza Pública ha crecido en estos últimos siete años, pero la Fiscalía no ha crecido paralelamente”, agregó.
Según el general, mientras las autoridades conducen cada mes a cientos de personas por estas infracciones, los mecanismos judiciales son insuficientes.
Un informe de la Policía indica que hasta octubre de 2009 se capturaron 8.708 personas por diferentes delitos. De éstas, 6.191 quedaron en libertad por factores relacionados con las decisiones de los jueces, por no tener antecedentes y por no revestir peligrosidad. En últimas, delitos tan delicados terminan siendo tratados como menores o, en el peor de los casos, en la impunidad.
“Tenemos en las calles a los policías capturando a muchas personas a diario por porte de armas, pero muy pocos quedan tras las rejas”. Miguel A. Bojacá, comandante Policía Metropolitana de Cali.
Ante estas cifras, la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, magistrada Gloria Stella Canaval, dijo que “no es cuestión de los jueces la seguridad en las calles: es un asunto de la Alcaldía, la Policía y de la misma gente”.
Por su parte, la directora seccional de Fiscalías, Mery Díaz Garnica, expresó que frente a los delitos de peligro en mención su entidad sí viene trabajando en agilizar las investigaciones, y pidió a la Policía mejorar sus labores de inteligencia para poder desmantelar expendios de drogas y redes de venta y tráfico de armas de fuego en la ciudad.
Por tráfico de estupefacientes las autoridades han aprehendido a la fecha a 2.557 personas, de las cuales 2.158 están libres en las calles. La Fiscalía ha recibido este año, hasta el 20 de noviembre, 3.143 denuncias por porte de armas. Sólo 1.060 de ellas siguen activas. El ente acusador ha recibido 4.446 denuncias por tráfico de estupefacientes, pero 2.164 han sido archivadas.
A juzgar por la cantidad de personas que quedan en libertad por estas dos últimas faltas a la ley, se podría decir que están casi al nivel de los delitos querellables o menores.
El elevado número de infractores de las leyes que están libres en Cali, obedecería a dos cosas en las que coinciden algunos jueces, fiscales y abogados: el sistema de justicia está congestionado, lo que contribuye a que muchos delincuentes sigan en la calle sin recibir los castigos ejemplarizantes.
Polémica por cifras de porte
Mientras el comandante de la Policía Metropolitana aseguró la semana pasada a una cadena radial que los “jueces están dejando en libertad a los capturados por porte de armas y que habían cerca de 3.000 audiencias represadas”, los jueces negaron rotundamente esta afirmación.
La presidenta de la Sala Administrativa del CSJ, magistrada Gloria Canaval, sostuvo que a septiembre de 2009 se realizaron en Cali un total de 3.012 audiencias por diferentes delitos, de las cuales en sólo 13 casos no se legalizaron las capturas. “No hay audiencias represadas. Tampoco la situación de criminalidad tiene que ver con los jueces. El tema está en que hay que investigar bien para poder judicializar los portes”, dijo.
En pocas palabras
“El sistema penal acusatorio es garantista y libertario. En el caso de los delitos menores hay que optar por la conciliación”. Carlina Varela, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura.
Datos
En el nuevo sistema penal acusatorio, el delito de porte y tráfico de armas tiene penas de 4 a 8 años de prisión. En el tráfico de estupefacientes la pena va de 4 a 6 años.
En 2008, las pérdidas en doce almacenes de cadena del país por los robos llegó a los 395 mil millones de pesos. Con ese dinero se hubieran podido construir 15 mil casas de interés social.
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