Desde el 2007, la Uiaf atendió 605 requerimientos del DAS sobre información financiera de por lo menos 4 mil mil personas. Puntualmente, los grupos de inteligencia y contrainteligencia del DAS pidieron 66 informes que fueron respondidos.
Un primer expediente, de código 2172 y llamado ‘Escoba’, se habría originado por “tres reportes de operaciones sospechosas” de un magistrado y un familiar. El reporte fue enviado a la Fiscalía en mayo del 2008.
El 22 de abril del año pasado, el ex jefe de Contrainteligencia del DAS Jorge Alberto Lagos pidió información acerca de seis personas. Luego remitió un oficio con otros 32 nombres en los que se incluyeron algunos magistrados.
Es el famoso informe ‘Paseo’, se radicó con el número 2374 y fue remitido a Lagos y a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado. Allí se menciona a dos magistrados “por posibles vínculos económicos con una de las personas” sospechosas.
Y hubo un informe anexo, el 2374, que se llamó ‘Viaje’ y que según la Uiaf “incluye información de otras personas, dentro de las que se encuentran un ex magistrado y dos magistrados, sobre las cuales se incluyó información de las bases de datos disponibles en la Uiaf, así como información financiera y patrimonial de los mismos”.
Ayer, el precandidato presidencial Rafael Pardo pidió a la Procuraduría que investigue posibles irregularidades disciplinarias en el procedimiento realizado por la Uiaf.
Comisión de Acusación pide informe sobre magistrados
La Comisión de Acusación, el único organismo facultado para ordenar investigaciones a los altos dignatarios del país, anunció ayer que toma nota de los ‘hallazgos’ de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre “algunas personas y sus posibles vínculos con otras en actividades ilícitas, donde podrían verse involucrados algunos magistrados”.
Édgar Eulises Torres, vicepresidente de la Comisión, señaló que hoy se realizará una reunión extraordinaria para definir “si hay la necesidad de abrir una nueva investigación, o si se anexan esas investigaciones a expedientes ya existentes”. Entre ellos está la denuncia que hizo el año pasado el entonces comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo sobre supuestos nexos de miembros de las altas cortes con personas sospechosas.
La posibilidad de que se inicie un nuevo proceso contra magistrados abre el interrogante en torno a qué deberán hacer los miembros de la Comisión de Acusación que son objeto de una investigación previa de la Corte Suprema por un supuesto prevaricato al momento de votar el referendo reeleccionista.
De esa lista hacen parte el presidente José Gerardo Piamba y el mismo vicepresidente Eulises Torres. “Hasta donde tengo entendido, las investigaciones preliminares no generan inhabilidad”, le dijo Piamba a EL TIEMPO.
El parlamentario reconoció, no obstante, que de abrirse una investigación formal sí habría lugar a impedimentos.
En la lista de integrantes de la Comisión investigados preliminarmente están Jorge Gómez Celis, Lucero Cortés, Marino Paz, Amanda Ricardo y Luis Carlos Restrepo Orozco. Este último adelantó que pedirá que no lo designen como investigador. “Si lo hacen, me declararé impedido”, dijo.
Por el lado de las Cortes, hubo duras palabras sobre el comunicado en el que el director de la Uiaf, Mario Aranguren, dice que era su “obligación legal analizar las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación de terrorismo”.
Los presidentes reiteraron que no hay ningún sustento legal que justifique esas actividades y llamaron de nuevo al presidente Uribe para que les diga formalmente quién y por qué ordenó que el DAS y la Uiaf hicieran esos seguimientos.
Aranguren, insistió en que esa información fue entregada oficialmente a la Fiscalía el año pasado. Ayer se esperaba que el fiscal Mario Iguarán explicara qué hizo su entidad con los reportes, que en principio debieron tener como primer destino la Comisión.
La declaración llega, además, en momentos en los que las condenas por la ‘yidispolítica’ vuelven a calentar las cosas entre Corte y Ejecutivo. El ministro Diego Palacio, cuyas actuaciones fueron cuestionada en las sentencias, habla de ‘fallos políticos’.
Ayer, el precandidato presidencial Rafael Pardo pidió a la Procuraduría que investigue posibles irregularidades disciplinarias en el procedimiento realizado por la Uiaf.
‘Uiaf reitera su propio error’, dice magistrado Augusto Ibáñez
El presidente de la Corte Suprema, reiteró ayer que los altos tribunales siguen esperando la respuesta del presidente Álvaro Uribe sobre el caso de las ‘chuzadas’.
¿Qué opina la Corte Suprema del comunicado de la Uiaf?
Es una reiteración de su propio error. Un comunicado de prensa no da competencias legales. No lo decimos nosotros, sino la ley: cualquier actividad de este tipo debe hacerse por medio de una orden judicial. No es un capricho nuestro. Está en las normas.
¿Saben ya cuántos magistrados aparecen en los reportes del DAS y la Uiaf?
Finalmente no es tan importante si esto pasó con varios magistrados o con uno solo. Creemos que se utilizaron medios legales para fines criminales. Esto no debió pasar de ninguna manera, ni con un magistrado ni con nadie. Ningún colombiano debe sufrir este atropello ni esta vulneración a sus derechos.
¿Están satisfechas las cortes con las explicaciones que les ha dado el Gobierno?
Es que respuesta no ha habido. Por eso no podemos estar satisfechos.
¿Qué responde la Corte a los que señalan, como el ministro Diego Palacio, de ‘fallos políticos’?
La Corte no tiene partido político. Los fallos de la Corte se basan solo en las pruebas que hay en los casos.
‘Comisión debió investigar de oficio’
Luis Carlos Restrepo es el director del partido de ‘la U’, uno de los más cercanos al presidente Uribe.
Magistrados de las altas cortes dicen que los debe investigar es la Comisión de Acusación de la Cámara…
Entiendo que se ha remitido a la Fiscalía una documentación que debe ser materia de investigación. Lo adecuado es que esa información pase a la Comisión de Acusación.
Usted se ratificó en las denuncias contra algunos magistrados, ¿Pedirá apertura de investigación en este caso?
Puse en conocimiento de la Comisión de Acusación informes de prensa y documentos que supuestamente comprometían a magistrados. La Comisión debió hacerlo de oficio a partir de informaciones que salieron en los medios. Yo le pedí que se pronunciara sobre esos informes y creo que es necesario que lo haga.
¿Cree que funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema estarían haciendo oposición?
La decisión tomada por la Corte Suprema de abrir investigación a los 86 congresistas que votaron el referendo es insólita y le hace daño a la democracia. Algo está funcionando mal cuando se toman decisiones de estas características. Ahí creo que hay un efecto político de las decisiones de Corte Suprema que está afectando la dinámica democrática.
Fechas del a tensión entre altas Cortes y Gobierno
Mayo 5.
El magistrado Hernando Torres, en nombre de la Comisión Interinstitucional, integrada por las cortes, pide al Presidente se pronuncie sobre las interceptaciones ilegales.
Mayo 6.
El presidente Uribe asegura que el Gobierno ha tenido un diálogo “presencial, abierto y constructivo” con las cortes. César M. Velásquez había dicho que al Presidente le extrañó que Augusto Ibáñez no le manifestara esa inquietud cuando el día anterior habían sostenido una conversación telefónica.
Mayo 11.
El presidente Uribe invitó a Palacio de Nariño a los presidentes de las cortes. Tras casi cuatro horas, se fijó el compromiso de dar claridad respecto a los responsables de las ‘chuzadas’
Mayo 12.
El director del DAS, Felipe Muñoz, asegura que en la reunión del Presidente con las cortes el fiscal Mario Iguarán señaló que no existía ningún indicio que relacionara a funcionarios de Palacio con las ‘chuzadas’. Horas después, el fiscal Iguarán aseguró que en el encuentro guardó silencio.
Mayo 20.
El director de la Uiaf dice que entregó a la Fiscalía, por petición del DAS, reportes de operaciones de seguimiento a magistrados.
