Luego de tres reuniones, la última adelantada este jueves, la opinión de los 23 juristas se inclinó hacia la posibilidad de pedirle al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, su opinión acerca de las sombras que se ciernen sobre los tres aspirantes: Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio Hincapie y Virginia Uribe.

“Lo que queremos es conocer la opinión del Presidente de la República sobre lo que ha salido en los medios de comunicación”, señaló el magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La sorpresiva determinación se dio a conocer luego de cuatro largas horas en las que el tema central fue lo relacionado con los reparos que a diario se escuchan en los medios sobre los aspirantes y que, en criterio de la mayoría de los magistrados, afecta la idoneidad de quien debe asumir uno de los cargos más importantes del país.

En ese sentido -precisó el magistrado Ibáñez- en ningún momento se está consultando la posibilidad de devolver la terna.

A pesar de ello, para muchos al interior de la Corte es una petición velada para que el Primer Mandatario retire los nombres y proponga tres nuevos, más ajustados a lo que se requiere y sin cuestionamientos de ninguna índole.

Este requerimiento lo hace la Corte a pesar de la respuesta que en días pasados envió la Presidencia de la República en cuanto a que la terna enviada a la misma estaba compuesta por ciudadanos que cumplían con los requisitos legales y constitucionales. “El pronunciamiento fue por consenso”, puntualizó Ibáñez.

Por ahora, se fijó una nueva reunión para dentro de 15 días cuando continuará con la aplicación del llamado test de elegibilidad que se acordó adoptar en el segundo encuentro. “Estamos en construcción conjunta y seguimos en el estudio”, señaló Ibáñez, al descartar el que se haya avanzado en la elección de un nombre.

Por ahora, lo único claro es que como Fiscal titular continuará Guillermo Mendoza Diago.

No vamos a devolver la terna

El pasado 30 de julio la Corte desestimó la posibilidad de devolver la terna para escoger el Fiscal General de la Nación, tal como lo solicitó Gustavo Gallón y varios miembros de diferentes ONG.

Al sustentar su decisión, el Alto Tribunal manifestó que “teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha iniciado amplia reflexión en torno a la elección del Fiscal General de la Nación, por los motivos expresados en el derecho de petición, la Corporación no encuentra procedente atender su solicitud”. señaló.

¡Que renuncien!

Un día antes Elección Visible (29 de julio) le solicitó a los candidatos a Fiscal General que “dadas las controversias y cuestionamientos que se han presentado durante este proceso y que han generado un manto de duda en la opinión pública, consideren la posibilidad de declinar su aspiración al cargo”.

“Esta decisión, lejos de ser juzgada como una aceptación de estos cuestionamientos por parte de los ternados, debería considerarse como una muestra de que los intereses principales del Estado se encuentran por encima de sus aspiraciones personales de ejercer el cargo de Fiscal General”, precisó la comunicación.

“Ser abogado colombiano, con 10 años de experiencia y sin antecedentes”, tal como lo estipulan las normas legales, “es un perfil que abarca a un gran número de abogados del país, pero estas calidades constitucionalmente necesarias no son suficientes para garantizar la escogencia del mejor fiscal”, añadió la comunicación.