Los ciudadanos son acusados por el delito de peculado por apropiación por solicitar el reconocimiento de una serie de prerrogativas laborales a las cuales no tenían derecho, y si las tenían, fueron realizados dobles pagos, llevando a las jueces a proferir sentencias y mandamientos de pagos judiciales contrarios a derecho. La Sala resaltó que las acciones legales de carácter laboral se iniciaron y culminaron ante las autoridades judiciales de Barranquilla donde se obtuvieron las sentencias definitivas que se constituyeron en título ejecutivo contra la empresa estatal Foncolpuertos y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
