Gráficos y cálculos: CEJ
Fuente: SIERJU, Consejo Superior de la Judicatura, Informes al Congreso
La ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, además de las nuevas normas procesales de oralidad que deben ser objeto de implementación por parte del Consejo Superior de la Judicatura (CSJd), dispone en su artículo 304 un Plan Especial de Descongestión (PED) bajo la metodología de gerencia de proyecto, con el objetivo de evacuar todos los procesos previos a dicha ley en máximo 4 años y, en consecuencia, tener un breve periodo de simultaneidad entre los dos regímenes. Pasados dos años desde la adopción del PED, resulta conveniente analizar la efectividad de las medidas tendientes a la evacuación del inventario escritural.
Por un lado, el Consejo Superior de la Judicatura ha adoptado medidas para garantizar recursos para el PED con esfuerzos que, por demás, se remontan incluso 4 años antes de la adopción del nuevo Código; las cifras de la Sala Administrativa revelan una variación porcentual del 97% en la inversión en descongestión (gastos de personal y un estimativo del 15% de gastos generales) en los últimos 6 años consistente, principalmente, en el redimensionamiento y ajuste periódico de la oferta de despachos administrativos y de su la planta de personal, en la capacitación del personal y en la creación de despachos piloto para temas específicos, entre otras.
En lo que respecta al número de procesos evacuados, resulta evidente que los esfuerzos descritos han rendido frutos. En efecto, el número de procesos pendientes por evacuar ha disminuido en cerca de 120.000; de 234.446 en 2011 a 185.293 en 2012 y 122.447 en 2013 (todos con corte a 31 de diciembre).
Si bien el avance cuantitativo es notable, desde una perspectiva cualitativa quedan aún reflexiones pendientes en cuanto a la calidad y eficiencia de las medidas, puesto que su adopción está marcada por una constante rotación de funcionarios y empleados (cada 3 meses durante 2013), así como por un esquema de calificación que incentiva la producción de sentencias pero que no registra su tasa de revocatoria, por lo que se desconoce si esta situación impacta el aumento de nulidades procesales o incluso de tutelas por vía de hecho.
Ahora bien, la composición del inventario de procesos escriturales pendientes de evacuación es especialmente relevante dado que los procesos con trámite posterior a sentencia crecen de manera significativa. Según informa la estadística del SIERJU, para 2011 el 98,6% de los procesos, al menos en juzgados y tribunales, estaban en trámite, cifra que se redujo al 83,6% para el 2013 mientras que los procesos con sentencia y trámite posterior registran un crecimiento del 15%.
Ese comportamiento plantea dos retos importantes a la Sala Administrativa del CSJd; de un lado, garantizar la capacidad suficiente de las Oficinas de Apoyo para la realización de aquellas actuaciones administrativas que deben ser agotadas después del fallo y, del otro, la necesidad de revisar la relación costo-beneficio de permanecer con jueces exclusivamente afectos a la descongestión, cuando la demanda de procesos bajo el nuevo régimen procesal, junto a las acciones de tutela, ya amenaza con congestionar los despachos judiciales que los tienen a su cargo por la modificación que hiciera la ley 1437 a las cuantías y a la determinación del lugar para la interposición de la demanda, lo que impacta especialmente a los jueces administrativos de la sección segunda en Bogotá (quienes sólo entre enero y febrero de 2014 habían recibido 80 procesos ordinarios y 266 tutelas).
En definitiva, resulta necesario pensar en mecanismos que, antes que propender por el aumento en la inversión de descongestión, permitan además la relocalización de los recursos hacia la oralidad (más allá del carácter mixto adoptado por el CSJd en el último año), con la incorporación progresiva de los jueces a la planta de oralidad, el desarrollo de modelos de gestión acordes con el volumen y el tipo de la carga, la dotación de los despachos con mejores recursos tecnológicos, así como la revisión y ajuste constante de medidas en todos los niveles.
La amenaza de congestión en la oralidad, al menos en Bogotá, ciertamente se encuentra en un punto crítico. Empero, esta es una oportunidad para que dado el avance del proceso de descongestión, se realicen ajustes cualitativos y se optimice la distribución de los recursos de la jurisdicción con miras a un mejor funcionamiento del sistema oral y, además, a la completa evacuación del inventario escritural.
Corporación Excelencia en la Justicia
