C.O.T.- La Fiscalía estuvo varios años bajo mucha presión e influencia política. En parte por eso la Corte reasumió los casos de los congresistas. Ahora, las investigaciones contra ellos estarían a cargo de fiscales de libre remoción. ¿Cómo se va a controlar la intimidación de los congresistas sobre sus investigadores?
J.C.E.- La invito a mirar la realidad del presente. Me parece que hoy está clara la independencia que existe entre la fiscal general y el presidente de la República. Ni ella es influenciable por el presidente de la República, ni el presidente está en plan de influenciarla. Creo que la fiscal ha demostrado independencia, carácter y valor. No veo por qué le temblaría la mano en relación con la investigación de congresistas.
C.O.T.- No pensemos en la fiscal aisladamente. También en sus subalternos…
J.C.E.- Sus subalternos dependen de ella y eso está perfectamente claro. Pero además también demostró que en los casos en que ha considerado que los subalternos no estaban alineados, tomó las decisiones que había que tomar. A mí me da plena tranquilidad que la investigación esté en la Fiscalía y me parece conveniente, pensando en los derechos de quienes van a ser juzgados, que se aplique el sistema acusatorio.
C.O.T.- Pero ¿por qué no resguardar la pulcritud de la investigación en la misma Corte y en vez de dos grupos de primera y segunda instancia que haya tres para que asuman allí también la investigación? Al final de cuentas, por su rango y preparación, los magistrados son menos susceptibles a cualquier desviación.
J.C.E.- Es una posibilidad que se puede analizar. Sin embargo, me parece que desde el punto de vista de la especialidad, es más lógico que la Corte Suprema tenga las labores de juzgamiento y no las de investigación.
C.O.T.- Otro punto polémico de la reforma es darles funciones transitorias de juez o de árbitros a notarios y abogados particulares. Ya se sabe de notarios venales y abogados poco santos. ¿Como depositar en ellos la justicia o el arbitraje?
J.C.E.- La Constitución previó la posibilidad de que, de manera excepcional, pudieran atribuírseles funciones jurisdiccionales a los particulares y a algunos funcionarios administrativos. De manera que el Gobierno no se está inventando esa práctica. Por el contrario, ha venido funcionando con los tribunales de arbitramento, en los que se les entrega la función jurisdiccional de modo transitorio a unos particulares. Se trata de los mismos abogados de los que usted me habla. Si son escogidos por las partes, éstas no van a cometer la equivocación de seleccionar o aceptar a quienes no les inspiran confianza.
C.O.T.- En cambio, a los notarios no los escogen las partes sino el Gobierno.
J.C.E.- A los notarios se les entregó hace algún tiempo el cumplimiento de tareas que tradicionalmente estuvieron en manos de los jueces y sirvieron para descongestionar la justicia. Ha habido casos, pero son excepcionales, de notarios que han sido inferiores a las circunstancias. Lo que no puede seguir ocurriendo es que haya un atraso de 2 millones 600 mil procesos.
C.O.T.- ¿Por qué no más presupuesto para más jueces en vez de inventarse otros jueces que no lo son?
J.C.E.- Desde antes de que yo entrara a estudiar Derecho he venido oyendo decir que hacen falta más jueces y más presupuesto para la justicia y nunca se ha resuelto el problema del todo.
C.O.T.- Usted sabe que el presupuesto para la justicia es bajísimo en relación con otros rubros a los que se les da prioridad, por ejemplo, armamento y vehículos para el combate.
J.C.E.- Sí, siempre ha sido bajísimo, pero también hay que reconocer, si se compara lo que era esta situación hace 30, 20 ó 10 años, la diferencia con el presente. Sin embargo, la solución no está sólo en la plata. Es necesario buscar otras soluciones.
C.O.T.- Pero el camino no puede ser la privatización de la justicia.
J.C.E.- No, por supuesto que no se trata de eso, sino de aplicar alternativas. ¿Tiene sentido que sigamos manteniendo como judiciales, el trámite de acciones o de procesos ejecutivos en los cuales el debate jurídico es casi ninguno? No se trata de privatizar la justicia. Esa no es la idea. Quiero ser perfectamente claro que la administración de justicia es una de las funciones esenciales del Estado, tanto como la guardia de las fronteras y el orden público interno.
C.O.T.- Se están descubriendo muchos casos de notarios que ayudaron a legalizarles tierras robadas a los grupos armados ilegales. ¿Qué calidades se van a exigir para los nuevos casos que se les van a asignar?
J.C.E.- Usted tiene razón en la medida en que la responsabilidad de un notario tiene que ver ni más ni menos que con la fe pública. Tengo claro que el Ministerio de Justicia tiene mucho que decir sobre el particular por la vía de la Superintendencia de Notariado y Registro que sigue y seguirá adscrita a este ministerio. De manera que tenemos que garantizar que los notarios sean merecedores del título. Y el que no lo sea, que me cuenten. Yo me encargo de tomar las medidas que sean necesarias para salir de ellos.
C.O.T.- La elección de procurador y contralor se haría de ternas del Gobierno y del Congreso. La Procuraduría y la Contraloría son órganos que fiscalizan tanto a los funcionarios del Ejecutivo como a los parlamentarios. ¿Qué independencia podrán tener frente a quienes los eligieron?
J.C.E.- Así fue siempre, antes de la Constitución del 91, y hubo algunos jefes de esos organismos maravillosos. Se me vienen a la mente Rodrigo Noguera Laborde, Mario Aramburo, Gustavo Orjuela Hidalgo. Ellos fueron elegidos de esta forma. En la constituyente pensamos como está pensando usted y dijimos ¿cómo alejamos esos nombramientos de la política? Y entonces se nos ocurrió la fórmula actual, de la que yo fui uno de sus más acérrimos defensores.
C.O.T.- Eso le iba a preguntar. ¿No se contradice en relación con lo que defendió en la constituyente del 90?
J.C.E.- Pensamos en que si poníamos la postulación de procurador y contralor en manos de las altas cortes, de ahí saldría lo máximo de la justicia. La historia demostró que no conseguimos despolitizar los procesos de elección de esos dos funcionarios, pero en cambio metimos el virus de la política en las cortes. Y eso creó unos inconvenientes indiscutibles.
C.O.T.- ¿Entonces usted comparte la tesis de que las cortes se han politizado?
J.C.E.- En relación con los temas de postulación de candidatos para la Procuraduría y para la Contraloría sí se politizaron. Y sobre todo en los niveles regionales, no hay la menor duda de la presencia de este fenómeno. Mire usted los espectáculos que se han visto en las asambleas y en los concejos municipales cuando unos candidatos van a buscar que los apoyen para los respectivos tribunales.
C.O.T.- Es ahí en donde surge la propuesta, también discutible, de que los jueces se elijan entre ellos mismos y no en otras instancias.
J.C.E.- Sí, para que se garantice de la mejor manera la más absoluta independencia de la Rama Judicial. Volvemos por los fueros de la vieja cooptación que solía criticarse. Me parece que también ha quedado claro que esta fórmula, con todo y los reparos que puedan hacérsele, es la mejor: a los magistrados de la Corte Suprema los escoge la Corte Suprema. A los del Consejo de Estado, los escoge el propio Consejo sin intervención de nadie extraño.
C.O.T.- Desaparecido el Consejo de la Judicatura, tal como lo propone el Gobierno, ¿quién va a ser el juez disciplinario de los otros jueces y de los abogados?
J.C.E.- En el caso de los jueces la idea es que se regrese al esquema tradicional: que sean sus propios superiores los que se encarguen de ejercer sobre ellos el control disciplinario y, en últimas, la Corte Suprema o el Consejo de Estado. Cuando se trate de magistrados de las altas cortes, se propone una fórmula según la cual una corte va a ser la encargada del control disciplinario de los magistrados de la otra corte, pero no recíprocamente, para evitar riesgos. En el caso de los abogados, la idea es que la ley cree un Colegio Nacional de Abogados para que se encargue de controlar a quienes pertenecen a él.
C.O.T.- ¿El Consejo Superior de la Judicatura es el ejemplo vívido para usted de la politización de la justicia?
J.C.E.- Responder a la pregunta tan directamente podría crear mortificaciones. No quiero personalizar, pero me parece que ha incurrido en inconvenientes propios de la politización y, además, el Consejo, como institución, ha sido perjudicado por un exceso de injerencia de la política partidista y de la política al menudeo a la hora de la integración de sus miembros.
C.O.T.- La otra gran polémica de la reforma será la que tenga que ver con la reglamentación de la tutela. ¿Qué opina en esta materia?
J.C.E.- A título personal puedo decir que desde la constituyente siempre fui opuesto a las tutelas contra providencias judiciales, básicamente porque la tutela se definió como una herramienta de defensa de los derechos que no cuentan con otro instrumento de protección. Ése, por supuesto, no es el caso de las providencias judiciales. Ahora, soy consciente de que la historia me ha derrotado y de que el país quiere que haya tutelas contra las providencias judiciales. Siendo así, lo que es claro es que esta tutela debe ordenarse juiciosamente para que no se “despiporre” la administración de justicia mediante tutelas que pudieran conducir a que un juez de inferior jerarquía tumbe una providencia de un juez que está por encima de él. O a que un juez de una jurisdicción, tumbe una providencia de un juez de otra jurisdicción.
C.O.T.- Pero las cortes no parecen estar satisfechas con el tema.
J.C.E.- Hay sólo un punto en el cual se percibe claramente la inconformidad del Consejo de Estado y sé también que la de la Corte Suprema: es el de la revisión eventual final de una tutela por la Corte Constitucional, pero es sustancial para la unificación de la jurisprudencia sobre derechos fundamentales, sólo en la instancia de revisión y en todo caso, como lo propone el Gobierno, ante la Sala Plena y no ante las salas de revisión.
C.O.T.- El presidente ha dicho que el Congreso es el árbitro en el debate entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. Pero el Congreso es, en un 95 ó 97%, de la Unidad Nacional. ¿Cómo puede ser árbitro alguien que ya es parte?
J.C.E.- Pertenecen a la Unidad Nacional, pero eso no quiere decir que los congresistas no piensen ni que no tengan independencia. O que no trabajen ni tengan interés en revisar con cuidado lo que se presenta a su consideración. El Congreso no es una instancia en la que alguien pueda decir que lo que presenta el Gobierno sale convertido en reforma constitucional o en ley sin rasgarse ni mancharse. Ni el Gobierno lo pretende ni el Congreso lo permite.
C.O.T.- En la práctica, el Congreso ha estado bastante sometido al Ejecutivo…
J.C.E.- No me gusta el término “sometido”. Yo diría que ha estado de acuerdo o que ha coincidido, estudiado y aprobado las leyes. Sometidos los inferiores jerárquicos a los superiores. Por ejemplo, yo estoy sometido al presidente de la República, pero el Congreso por supuesto que no.
C.O.T.- El presidente del Congreso tiene al menos una investigación preliminar en la Corte, y ha llegado a su cargo bastante envalentonado a hacer unas propuestas complicadas. Él es quien va a dirigir la discusión de la reforma. A su juicio, ¿Juan Manuel Corzo está inhabilitado éticamente para dirigir y participar en una discusión sobre una reforma que afectaría a sus jueces?
J.C.E.- Sobre eso no puedo hacer un pronunciamiento, porque sería irresponsable. No conozco los elementos de juicio necesarios para saber en qué consisten las investigaciones de las que usted habla. Supongo que si las hay, se estará haciendo alguna imputación y él estará defendiéndose. Por lo pronto, el Senado en su sabiduría lo eligió presidente y tiene tal investidura. Por consiguiente yo tengo el deber de respetarlo.
C.O.T.- Corzo se quiso colgar de la reforma para proponer inmunidad parlamentaria. ¿El Gobierno acompañaría esa propuesta?
J.C.E.- No la acompaña.
C.O.T.- Él ha dicho que la retira, pero con amargura. ¿Qué pasa si insistiera más adelante?
J.C.E.- Si insistiera, el Gobierno volvería a decir, con todo respeto, que está en absoluto desacuerdo. Sería dar marcha atrás en la historia política, en la historia de la democracia y en la historia del Derecho Penal.
“Con suerte… y un palito”
Cecilia Orozco.— Usted llega al Ministerio en el momento crítico del trámite y discusión de la reforma. Va a tener que ser el puente entre el Congreso y las cortes, ¿qué plan de acción tiene previsto?
Juan C. Esguerra.— Tengo una serie de ventajas: un gobierno absolutamente cohesionado. Una experiencia de muchos años dedicado a los temas relacionados con el derecho y con la justicia. Conozco las cortes y a no pocos magistrados y jueces. Soy hijo de juez y por lo que hace al Congreso, he tenido la oportunidad de interactuar en distintas ocasiones con los parlamentarios. Resulta conveniente a la hora de tender los puentes, ¿qué más le puedo pedir a Dios en este caso?
C.O.T.— Suerte.
J.C.E.— Eso es cierto… Y un palito, como decía mi mamá (risas).
C.O.T.— Hay alrededor de 100 congresistas procesados, detenidos o condenados, ¿cómo evitar que en la reforma a la justicia el Congreso termine cobrando venganza o tomando revancha de los jueces?
J.C.E.— Confiando en el Congreso y en que éste no será inferior a su responsabilidad ni inferior a la grandeza que tiene como corporación. Por otro lado, el Congreso sabe muy bien que tiene al país pendiente de su trabajo, de sus discusiones y de sus decisiones. No creo que vaya a faltar a sus obligaciones.
“Me ‘abro’ de la oficina”
C.O.- ¿Qué nómina tendrá el Ministerio y dónde estará localizado físicamente?
J.C.E.- En donde ha venido funcionando el Ministerio del Interior, que era antes el edificio del Ministerio de Justicia. En cuanto a la nómina, depende de si se tienen en cuenta los funcionarios que deben llegar de Estupefacientes, según se resuelva la liquidación de esa entidad. Sin tener en cuenta esa parte, son más o menos 200 personas.
C.O.- Usted tiene una importante firma de abogados con otros socios. ¿Qué va a pasar con ella?
J.C.E.- Va a quedar en manos de mis socios. Me desvinculo por completo. Utilizando una frase que tomaré prestada de mi hijo menor, me “abro” de la oficina. Vendo mi participación en la empresa y conservaré sólo parte de la propiedad inmobiliaria.
C.O.- Su esposa es la directora de Parques Nacionales, ¿qué hará ella?
J.C.E.- Al día siguiente del anuncio de mi designación, ella habló con el presidente y le mandó una carta en la que presentaba renuncia de su cargo. El presidente, muy amable, le dijo que estaba muy complacido con la tarea que ella viene cumpliendo. Sé que se hizo una consulta con la secretaría jurídica de Palacio. Se hizo otra con la función pública. Resultó que no había ningún problema y entiendo que la decisión del presidente ha sido la de que no le va a aceptar la renuncia.
