* Congreso debe respetar acuerdo de poderes
** Justicia requiere ajuste coherente e integral
En manos del Congreso está la posibilidad de salvar el proyecto de reforma a la justicia. Semanas atrás, luego de la aprobación en quinto debate en la Comisión I del Senado, advertimos, una vez más, que tal y como avanzaba la iniciativa lo más aconsejable sería hundirla, puesto que no sólo afectaba en modo grave la autonomía de esa Rama y se rompía peligrosamente el equilibrio de poderes, sino que lejos de dirigirse a solucionar los problemas más sentidos en materia de congestión, altos índices de impunidad y clarificación de competencias y jurisdicciones, el proyecto se había tornado en una especie de “misil contra la Constitución”, cuya columna vertebral era un sospechoso acumulado de incisos sobre el régimen del congresista que prácticamente los ‘blindaba’ ante eventuales investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Concluimos entonces que el Gobierno era el llamado a enderezar el entuerto y evitar a toda costa que el Congreso terminara aprobando una reforma abiertamente regresiva. Era evidente que el Ejecutivo no podía desoír las profundas preocupaciones de los presidentes de las altas Cortes en torno de las lesivas implicaciones de la reforma en curso.
Afortunadamente la sindéresis institucional volvió a primar y tras una propuesta de los máximos tribunales para convocar una cumbre de poderes, ésta se terminó llevando a cabo el jueves pasado y allí las cabezas de las tres ramas acordaron cambios de fondo al articulado con el fin de potabilizar la reforma. En el decálogo de consenso figuran puntos clave como la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el fortalecimiento de los mecanismos para judicializar a los altos funcionarios así como la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, al tiempo que se acordó mantener en cabeza de la Corte Suprema de Justicia el procesamiento de congresistas y otros aforados. De esa forma, entonces, quedarían sin piso las intentonas para flexibilizar el régimen de pérdida de investidura de los parlamentarios así como las trabas a las pesquisas penales, disciplinarias y fiscales sobre los mismos.
Lo importante ahora es que la ponencia para el sexto debate en la plenaria del Senado, que debe radicarse mañana, refleje el acuerdo al que llegaron el Gobierno, las altas Cortes y el Parlamento, y que tanto en las discusiones como a la hora de la aprobación las bancadas respeten ese principio de consenso.
De poco serviría el pacto logrado el jueves pasado, si los senadores y representantes aprovechan estos últimos tres debates para volver a colgarle al articulado propuestas que lo vicien otra vez. Todo lo contrario, es urgente dejar de lado ese tufillo de ánimo revanchista que en los pasillos parlamentarios se alcanzó a percibir contra las altas Cortes y otros entes de control. Incluso, el país espera que tanto en la plenaria de Senado como en los dos debates restantes en Cámara el texto sea enriquecido aún más y poco a poco empiece a ser mirado de una forma más positiva. Esa es una obligación que no sólo recae en los partidos que hacen parte de la coalición de Unidad Nacional, sino también en las bancadas independientes y de oposición. Sólo en la medida en que el proyecto sea depurado y ajustado al marco institucional vigente y las vértebras pétreas constitucionales, la iniciativa irá ganando en viabilidad y apoyo mayoritario.
Por ahora vislumbrar el futuro de la reforma es bastante complicado. Lo único claro es que si hace algunas semanas el mejor camino era pensar en su hundimiento, ahora hay un panorama distinto en el que asoma una voluntad política de los tres poderes para rearmar el esqueleto de un ajuste institucional que no sólo es urgente sino que, en la medida en que sea coherente, integral y progresivo, debe dar lugar a más cambios en otras instancias del Estado de Derecho. El Congreso tiene la palabra.
