Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP, 2008-2012
*Nota: Los encuestados que afirmaron haber pagado un soborno en los juzgados previamente confirmaron algún trato con los despachos judiciales en el último año.
Recientemente fue publicado el nuevo reporte del Latinobarómetro, encuesta sobre cultura política que se aplicó a 41.632 ciudadanos en 26 países de América. Entre los ejes del reporte se encuentra la percepción sobre la corrupción, siendo este uno de los problemas más importantes que enfrentan los países de la región.
Dentro de los elementos que integran dicho componente, se encuentra la victimización por corrupción, donde se busca indagar si autoridades públicas pidieron a los ciudadanos encuestados el pago de sobornos. Resulta interesante que la encuesta contiene una pregunta específica para analizar la ocurrencia del fenómeno entre autoridades judiciales frente a quienes utilizaron el aparato de justicia durante los últimos 12 meses, por lo cual resulta adecuada una comparación entre estas y el sector público en general.
Los resultados de 2012 muestran que el soborno es una práctica con gran eco sobre la región: el promedio de encuestados que respondió afirmativamente que en los últimos 12 meses algún empleado público le solicitó un soborno fue de 5,72%, concentrándose los resultados más altos en Haití (15,73%), México (9,79%) y Perú (7,77%). Colombia registra resultados cercanos al promedio, con un 5,23%, ubicándose por encima de Brasil (2,27%), Costa Rica (3,43%) y Uruguay (2,18%). Pese a lo anterior, preocupa que nuestro país ha incrementado su porcentaje en relación con los sondeos anteriores (2008 y 2010), en los cuales se encontraba por debajo del 3%.
Ahora bien, en relación con los despachos judiciales los resultados son aún más preocupantes. El promedio de encuestados que reconocieron haber pagado un soborno en los juzgados -entre quienes afirmaron haber usado el sistema judicial en los últimos 12 meses-, ascendió a 12,85%, más del doble de lo registrado para el caso de los funcionarios públicos. Los registros más altos se encuentran en Haití (52,9%), Guyana (27,7%), Ecuador (18,6%) y México (15,64%, pese a que en la anterior medición tuvo un 32%). Colombia se ubica por debajo del promedio regional con un 5,75%, aunque también está sobre Brasil (3%) y Uruguay (1,63%). Al igual que en el caso de los funcionarios públicos, en el país se han incrementado los resultados en comparación con las anteriores encuestas (pasando de 0,91% en 2008 y 3,93% en 2010).
La encuesta muestra la crítica situación de los sistemas judiciales en la región, donde las tachas de corrupción se ven respaldadas por la práctica del soborno en los juzgados. El factor cultural también incide en esta problemática, como bien lo evidencia el hecho de que para el sondeo de 2010 la mayoría de países registraran porcentajes superiores al 10% de encuestados que justificaban el soborno ante la situación actual, con Colombia entre los primeros lugares con un 19%. Las medidas de choque se deben dar desde ambos frentes: tanto desde los usuarios del sistema de justicia como desde los funcionarios y empleados judiciales. Por último, la prevención se puede generar desde las campañas de concientización contra este tipo de prácticas y con la difusión de fallos ejemplarizantes por parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en este tipo de casos.
