Dentro del marco de la ley 1474 (Estatuto Anticorrupción), se establecieron medidas administrativas, disciplinarias, fiscales y penales para combatir el fenómeno de la corrupción en Colombia. En desarrollo de los mandatos contenidos en dicha ley, la Procuraduría General de la Nación, de manera conjunta con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, diseñaron el Observatorio Anticorrupción y de Integridad. Se trata de una herramienta que integra sistemas de información desarrollados por las principales entidades relacionadas con la prevención y sanción de actos asociados a la corrupción (Rama Judicial, Contraloría, Procuraduría), permitiendo la consulta de información desagregada por departamentos sobre: sanciones penales, disciplinarias, fiscales, contractuales y resultados en el Índice de Gobierno Abierto –indicador que mide el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción–.
Al examinar las cifras presentadas por el observatorio, se encuentra que la mayoría de las sanciones impuestas en relación con la corrupción se concentran en el área disciplinaria, a cargo de la Procuraduría. En efecto, esta entidad ha impuesto –a servidores públicos y particulares con relaciones contractuales con el Estado, que incurren en incumplimiento de deberes, extralimitación de funciones, prohibiciones y violaciones a los regímenes de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses–, un promedio de 11.513 sanciones anuales entre 2009 y 2011. Bogotá (con 1.998 en 2009, 2.248 en 2010 y 1.781 en 2011), Antioquia (con 1.245 en 2009, 1.294 en 2010 y 969 en 2011) y el Valle del Cauca (con 880 en 2009, 1.029 en 2010 y 980 en 2011) registran el mayor número de sanciones de ésta índole, concentrando un 34% del total nacional para 2011. Los menores registros se encuentran en Guainía (con 122 sanciones en los tres años examinados), San Andrés (157) y Guajira (180). Notablemente por debajo de las sanciones disciplinarias, se ubican las condenas en materia penal. Entre estas, se examinaron aquellas por conductas contra la administración pública, como los delitos de peculado (1.869 en todo el país entre 2008 y julio de 2012), cohecho (1.318 en el periodo referido), concusión (486), prevaricato (265), celebración indebida de contratos (159) y abuso de autoridad (27). Las sentencias condenatorias por estas conductas han promediado las 914 anuales entre 2009 y 2011, encontrándose su mayoría en las mismas entidades territoriales que se identificaron en materia disciplinaria: Bogotá (con un máximo de 263 condenas penales en 2009, descendiendo a 170 en 2011), Valle del Cauca (con 87 anuales en 2009 y 2010, ascendiendo a 114 en 2011) y Antioquia (con 131 en 2009, pasando a 111 en 2010 y 87 en 2011), concentraron un 41% de las condenas por delitos contra la administración pública en el país para 2011. El menor número de sentencias condenatorias se encuentra en Guajira (con cero condenas en el periodo examinado), Sucre (3) y Córdoba (4).
Por último, se encuentran las sanciones fiscales, impuestas por la Contraloría a los servidores públicos o particulares, cuando en ejercicio de la administración de recursos públicos, causen un daño al patrimonio del Estado. Estas sanciones han promediado 363 anuales entre 2009 y 2011. En cuanto a la concentración de sanciones de esta índole, las cifras muestran diferencias respecto a las tendencias en materia penal y disciplinaria: Antioquia (que ha pasado de 57 en 2009 a 80 en 2011), Córdoba (que ascendió de 16 en 2009 a 38 en 2011) y Bolívar (con 29 en 2009, 24 en 2010 y 12 en 2011) ocupan los primeros lugares, representando un 30% del total nacional para 2011. Sin embargo, las sanciones se encuentran menos concentradas que en las otras materias, motivo por el cual Caquetá, Tolima y Santander se tienen registros agregados entre 2009 y 2011 casi iguales a los de Bolívar (con 60, 61 y 62 sanciones respectivamente). Los registros más bajos los ostentan San Andrés y Guainía (3 sanciones entre 2009 y 2011 cada uno), Guajira (5) y Cesar (7).
El examen de estas cifras ha permitido encontrar tendencias de concentración de sanciones en materia de conductas asociadas a la corrupción. En efecto, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá concentran buena parte de estas actuaciones. Esta situación se debe analizar a la luz del crecimiento de estas entidades territoriales, los múltiples procesos de contratación estatal que se llevan a cabo en las mismas y el posicionamiento de los entes de control en su territorio. Para el caso de los departamentos con los más bajos registros, antes que inferir la baja ocurrencia efectiva de actos asociados a la corrupción, se debe reflexionar acerca de cuál es la cobertura institucional de los organismos de control y la efectividad de la investigación de posibles conductas sancionables por parte de los mismos. Por último, cabe anotar que el estudio periódico de las sanciones impuestas es un ejercicio de importancia, que permitirá monitorear los efectos generados por las medidas en las diversas índoles sancionatorias establecidas por el Estatuto Anticorrupción; y proponer eventuales ajustes institucionales para garantizar su efectividad.
