Recientemente, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas –CEJA–, publicó su séptimo informe contentivo del “Índice de accesibilidad a la información judicial en internet”, estudio a nivel de los países del continente, que ha venido realizando desde 2004. Mediante este trabajo, el CEJA ha buscado indagar acerca de la existencia de información considerada básica y relevante, divulgada por las páginas web de los Poderes Judiciales y “Ministerios Públicos” (aquellos cuerpos que ejercen un rol equivalente al de la Fiscalía General de la Nación en Colombia), de los países de la región. Los componentes informativos que se indagan son: 1) existencia de página web, 2) publicación y actualización de sentencias, 3) publicación y actualización de reglamentos, 4) publicación de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes, 5) publicación de agendamiento de audiencias, 6) publicación de recursos físicos y materiales, 7) presupuesto, 8) salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios, 9) publicación de concursos y licitaciones para contrataciones, y 10) régimen de acceso. Cabe aclarar que los componentes 2 y 5, dado que son ajenos a la naturaleza operativa de los “ministerios públicos”, no se tienen en cuenta para la evaluación de éstos.
Al observar los resultados de la medición, se encuentra que la región ha tendido a mejorar durante los últimos años en materia de accesibilidad de la información en sus portales de internet. En efecto, el promedio regional registró un incremento al pasar de un índice del 25% en 2006, al 42% en 2011. Sin embargo, cabe aclarar que los promedios de los portales de Poderes Judiciales han tendido a ser más altos que los de los “ministerios públicos” (registrando los primeros, por ejemplo, 46% para 2011, mientras que los segundos solo ascendieron a un 37%).
En cuanto al caso colombiano, se encuentra que si bien nuestro país ha estado siempre en un nivel medio de accesibilidad de información, ubicado por encima del promedio de la región. El resultado de Colombia ha oscilado entre un registro mínimo de 43% en 2006 a un máximo de 55% en 2011, quedando en este último año por debajo de países como Costa Rica (primero, con un 88%), Chile, (83%) Brasil (73%), Estados Unidos (69%) y México (64%); y por encima de países como Guatemala (54%), Uruguay (41%), Bolivia (26%) y Surinam y Haití (últimos, con 0% puesto que no tienen sitios web de las instituciones analizadas). Así las cosas, se encuentra que Colombia se posicionó, para 2011, en el decimotercer lugar de la región, entre los 34 países estudiados. Cabe anotar que nuestro país tiene algunas peculiaridades: contrario a la tendencia encontrada dentro del promedio regional, en Colombia la página web de la Fiscalía General de la Nación registró un resultado superior al de la Rama Judicial. La primera tuvo un índice de accesibilidad de información del 66%, ascendiendo a la sexta posición a nivel de “ministerios públicos” de la región; mientras que la segunda llegó al 48%, dejándonos en el puesto 16 a nivel de Poderes Judiciales.
Los aspectos puntuales en los que Colombia tiene los mejores resultados –con puntuaciones superiores al 90%–, son: 1) la publicación del régimen de acceso a las entidades, tanto en la página de la Rama Judicial como en la de la Fiscalía; 2) la publicación de concursos y licitaciones para contrataciones en la Rama Judicial; 3) publicación de recursos físicos con los que cuentan los despachos judiciales; 4) publicación y actualización de reglamentos de la Fiscalía General; y 5) publicación de encuestas de causas tramitadas en la Fiscalía General. En contraste, los aspectos con peores resultados –con puntuaciones inferiores a 20%–, son: 1) la información sobre salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de los funcionarios de la cúpula, tanto de la Rama Judicial como de la Fiscalía General; 2) la información sobre el presupuesto de la Rama Judicial (con un 0%); y 3) la publicación de agendas de los despachos judiciales (también con un 0%).
Los resultados expuestos evidencian que, si bien se han registrado avances durante los últimos años a nivel de las páginas de nuestras autoridades en materia de justicia, aún persisten aspectos que ameritan mejoras. La transparencia presupuestal, no solo reflejada en la divulgación de los recursos apropiados, sino también en cómo se ejecutaron y qué resultados tuvo su manejo, es fundamental en términos de transparencia. De la misma forma, la sistematización de las agendas de los despachos judiciales es un reto pendiente, que permite avanzar no solo en la información al ciudadano, sino también en la coordinación entre instituciones para el adecuado funcionamiento de los sistemas de justicia. Teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del marco de una política de buen gobierno y transparencia, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación deben avanzar en este mismo sentido, mediante mecanismos como el robustecimiento de la información divulgada a través de sus páginas web.
Recientemente, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas –CEJA–, publicó su séptimo informe contentivo del “Índice de accesibilidad a la información judicial en internet”, estudio a nivel de los países del continente, que ha venido realizando desde 2004. Mediante este trabajo, el CEJA ha buscado indagar acerca de la existencia de información considerada básica y relevante, divulgada por las páginas web de los Poderes Judiciales y “Ministerios Públicos” (aquellos cuerpos que ejercen un rol equivalente al de la Fiscalía General de la Nación en Colombia), de los países de la región. Los componentes informativos que se indagan son: 1) existencia de página web, 2) publicación y actualización de sentencias, 3) publicación y actualización de reglamentos, 4) publicación de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes, 5) publicación de agendamiento de audiencias, 6) publicación de recursos físicos y materiales, 7) presupuesto, 8) salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios, 9) publicación de concursos y licitaciones para contrataciones, y 10) régimen de acceso. Cabe aclarar que los componentes 2 y 5, dado que son ajenos a la naturaleza operativa de los “ministerios públicos”, no se tienen en cuenta para la evaluación de éstos.
Al observar los resultados de la medición, se encuentra que la región ha tendido a mejorar durante los últimos años en materia de accesibilidad de la información en sus portales de internet. En efecto, el promedio regional registró un incremento al pasar de un índice del 25% en 2006, al 42% en 2011. Sin embargo, cabe aclarar que los promedios de los portales de Poderes Judiciales han tendido a ser más altos que los de los “ministerios públicos” (registrando los primeros, por ejemplo, 46% para 2011, mientras que los segundos solo ascendieron a un 37%).
En cuanto al caso colombiano, se encuentra que si bien nuestro país ha estado siempre en un nivel medio de accesibilidad de información, ubicado por encima del promedio de la región. El resultado de Colombia ha oscilado entre un registro mínimo de 43% en 2006 a un máximo de 55% en 2011, quedando en este último año por debajo de países como Costa Rica (primero, con un 88%), Chile, (83%) Brasil (73%), Estados Unidos (69%) y México (64%); y por encima de países como Guatemala (54%), Uruguay (41%), Bolivia (26%) y Surinam y Haití (últimos, con 0% puesto que no tienen sitios web de las instituciones analizadas). Así las cosas, se encuentra que Colombia se posicionó, para 2011, en el decimotercer lugar de la región, entre los 34 países estudiados. Cabe anotar que nuestro país tiene algunas peculiaridades: contrario a la tendencia encontrada dentro del promedio regional, en Colombia la página web de la Fiscalía General de la Nación registró un resultado superior al de la Rama Judicial. La primera tuvo un índice de accesibilidad de información del 66%, ascendiendo a la sexta posición a nivel de “ministerios públicos” de la región; mientras que la segunda llegó al 48%, dejándonos en el puesto 16 a nivel de Poderes Judiciales.
Los aspectos puntuales en los que Colombia tiene los mejores resultados –con puntuaciones superiores al 90%–, son: 1) la publicación del régimen de acceso a las entidades, tanto en la página de la Rama Judicial como en la de la Fiscalía; 2) la publicación de concursos y licitaciones para contrataciones en la Rama Judicial; 3) publicación de recursos físicos con los que cuentan los despachos judiciales; 4) publicación y actualización de reglamentos de la Fiscalía General; y 5) publicación de encuestas de causas tramitadas en la Fiscalía General. En contraste, los aspectos con peores resultados –con puntuaciones inferiores a 20%–, son: 1) la información sobre salarios, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de los funcionarios de la cúpula, tanto de la Rama Judicial como de la Fiscalía General; 2) la información sobre el presupuesto de la Rama Judicial (con un 0%); y 3) la publicación de agendas de los despachos judiciales (también con un 0%).
Los resultados expuestos evidencian que, si bien se han registrado avances durante los últimos años a nivel de las páginas de nuestras autoridades en materia de justicia, aún persisten aspectos que ameritan mejoras. La transparencia presupuestal, no solo reflejada en la divulgación de los recursos apropiados, sino también en cómo se ejecutaron y qué resultados tuvo su manejo, es fundamental en términos de transparencia. De la misma forma, la sistematización de las agendas de los despachos judiciales es un reto pendiente, que permite avanzar no solo en la información al ciudadano, sino también en la coordinación entre instituciones para el adecuado funcionamiento de los sistemas de justicia. Teniendo en cuenta que nos encontramos dentro del marco de una política de buen gobierno y transparencia, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación deben avanzar en este mismo sentido, mediante mecanismos como el robustecimiento de la información divulgada a través de sus páginas web.
