Mediante la ley 901 de 2004, se creó el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), cuya consolidación está a cargo de la Contaduría General de la Nación, mediante el cual se ha buscado el monitoreo de las acreencias a favor de las entidades estatales y la identificación de todos los deudores de las mismas. Así las cosas, desde hace más de cinco años la Contraloría ha venido publicando con una periodicidad semestral el DBME.
A partir del examen de los boletines publicados durante los últimos años, se ha encontrado una tendencia hacia el aumento del valor total de las acreencias: mientras que en noviembre de 2009 éstas sumaban 23,7 billones de pesos, para noviembre de 2011 se registra un ascenso a 28,4 billones. Lo anterior significa un incremento del 19% en las acreencias del Estado durante dicho periodo. El único periodo reciente en el que se ha reportado un descenso ha sido justamente el último que se ha registrado (noviembre de 2011), en el cual disminuyó en poco más de 2,5 billones el monto de las acreencias.
En cuanto a las entidades acreedoras, preocupa que el primer lugar lo ha ocupado constantemente el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en todos los años un amplio margen sobre las autoridades que le siguen. Sus acreencias prácticamente se han duplicado entre 2009 y 2011, al pasar de 6,5 a 11,3 billones de pesos. En cuanto a la composición de estas acreencias, se ha detectado que en su mayoría corresponden a multas impuestas por jueces y magistrados dentro del marco de procesos judiciales, así como multas impuestas en virtud de condenas penales. Se ha señalado que su recaudo resulta (en no pocos casos) prácticamente imposible, en virtud de la capacidad económica de la población condenada penalmente y de sus limitaciones de conseguir recursos una vez son privados de la libertad; o bien por la imposibilidad de ubicar a algunos de los deudores de la Rama Judicial.
La cifra registrada por el Consejo Superior de la Judicatura está cerca a cuadruplicar a la DIAN (que ha registrado históricamente el segundo lugar), la cual presenta en el último registro unas acreencias de 3,5 billones, derivadas de obligaciones tributarias incumplidas. En tercer lugar para 2011, se consolidó el Banco Agrario, al cuál le deben 3,2 billones de pesos en cartera morosa, siendo esta la entidad que ha reportado el incremento más dramático durante el último periodo: pasó de 869 mil millones de pesos en mayo de 2011, a 3,2 billones en noviembre del mismo año, constituyendo un aumento del 368%. La situación de las tres entidades mencionadas es tan crítica, que para el último periodo registrado sus acreencias suman el 63,9% del total de deudas morosas a favor del Estado. Finalmente, otras entidades que se destacan (todas con acreencias inferiores a 1 billón de pesos en noviembre de 2011), son: el Fondo de Previsión Social del Congreso, el ICETEX y el Ministerio de Protección Social. A nivel territorial, Bogotá y Cali son las entidades con las mayores acreencias, con 639 mil y 791 mil millones respectivamente.
Este preocupante balance permite evidenciar otra importante cara de las finanzas del Estado. Los esfuerzos no solo deben estar enfocados en la reducción de los pasivos contingentes de las entidades públicas (demandas contra el Estado); sino también se debe procurar el descenso de las deudas morosas. Este último es un aspecto que ha tendido a estar en segundo plano, pero no se debe desconocer que reviste una importancia que debe ser puesta al mismo nivel de los pasivos contingentes. Así las cosas, hacia la problemática de la morosidad en las acreencias, también se debe volcar la atención en materia de gestión jurídica pública, desde la vigilancia sobre la cartera existente, hasta el efectivo ejercicio (en los casos en que resulta necesario y procedente) de la jurisdicción coactiva. Como se pudo ver, son casi 30 billones de pesos los que actualmente están en juego por esta vía.
