Recurrentemente los medios de comunicación reportan la existencia de importantes litigios contra del Estado colombiano, bien sea por asuntos de contratación pública, por demandas contra actos administrativos que causan perjuicios a determinados ciudadanos, o por la ocurrencia de accidentes o hechos dañosos imputables a la administración. Sin embargo, entre la opinión pública existe escaso conocimiento sobre cuál es la magnitud de las sumas dinerarias que se pretenden en las demandas contra el Estado. Dicha magnitud constituye el concepto de “pasivo contingente”, entendido como aquellos gastos que eventualmente podrían causarse (en este caso, dependiendo del resultado adverso al Estado dentro de los litigios en los que se encuentra demandado).
Como se puede apreciar en la gráfica, las pretensiones económicas en las demandas contra el Estado han oscilado entre 63 y 129 billones de pesos durante los últimos cuatro años, siendo 2007 en el que alcanzaron su monto inferior y en 2009 cuando llegaron al punto máximo. Sin embargo, cabe precisar que dicho cálculo se hace excluyendo un proceso que cursa actualmente contra el Ministerio de Agricultura (iniciado antes del año 2006), cuyas pretensiones alcanzan los 594 billones de pesos, cifra que incluso alcanza a exceder la totalidad de los activos del Estado colombiano, calculados en 320 billones de pesos para junio de 2010.
Así las cosas, durante los últimos cuatro años el pasivo contingente ha promediado los 100,3 billones de pesos, es decir, aproximadamente la tercera parte de los activos del Estado. Al examinar las entidades más demandadas, se encuentra con preocupación que el pasivo contingente tiende a concentrarse año tras año en determinadas instituciones. En efecto, tan solo nueve entidades agrupaban el 40% en 2007, 48% en 2008 y 42% en 2009. Si bien a nivel histórico el Ministerio de Defensa ha sido la autoridad con mayores pasivos contingentes, promediando 7,37 billones anuales –tendencia registrada bajo la delicada situación de orden público del país–, durante los últimos años la Fiscalía General de la Nación se ha consolidado como la más demandada, con un pasivo contingente que para 2009 alcanzó a ascender a 12,17 billones; cifra que constituye un incremento del 343% si se la compara con lo registrado para 2006 (3,5 billones). Entre otras entidades con significativos pasivos contingentes, se destaca el Ministerio de Transporte, con demandas en 2009 que llegaron a los 9,78 billones. Esta entidad es la que más incremento ha experimentado, puesto que en 2006 apenas tenía un pasivo contingente de 663 mil millones, y en 2008 de 1,64 billones; de manera que en 2009 sufrió una variación del 594%. Adicionalmente, los Ministerios de Minas, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, registraron para 2009 demandas por 7,46 y 6,58 billones respectivamente. Finalmente, se destaca el Consejo Superior de la Judicatura, cuyas demandas han oscilado entre un mínimo de 3,22 billones en 2006, y un máximo de 7 billones en 2008. Esto quiere decir que la Rama Judicial cuenta con dos de las entidades más demandadas, situación que compromete ostensiblemente las finanzas de la justicia colombiana.
Tras estudiar esta problemática, se concluye que el Estado colombiano debe trabajar en políticas integrales de defensa judicial. Entre otras, se puede plantear el diseño de estrategias de: 1) prevención del daño antijurídico; 2) identificación de líneas y tendencias jurisprudenciales sobre temas relevantes en materia de responsabilidad del Estado; 3) empleo de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos para dirimir controversias con alta posibilidad de resultados adversos a la administración, en fase preprocesal o incluso antes de la emisión del fallo judicial; 4) identificación y adaptación de buenas prácticas de defensa judicial en derecho comparado; 5) racionalización normativa y compilación de normas dispersas; y 6) control efectivo y actualizado de las entidades sobre los litigios que cursan en su contra. El modelo que se ha implementado en Bogotá es un gran avance en la materia, y constituye un ejemplo replicable a nivel nacional.
