Todos coinciden en la necesidad de reformar el Consejo Superior de la Judicatura, con propuestas más o menos similares, reforzando de manera significativa una gerencia de la Rama. El candidato Santos plantea que en la gerencia participe el Ejecutivo, advirtiendo el respeto por la independencia de los jueces, similar al esquema utilizado en Francia o al que viene haciendo carrera en España. En el órgano de Gobierno, algunos coinciden que deben participar los presidentes o magistrados de las Cortes, procurando solucionar el aparente distanciamiento que hay entre la jurisdicción y el actual esquema de administración de la Rama.
Coinciden los candidatos en la necesidad de inyectarle a la justicia más recursos, atados a controles en la eficiencia del gasto y la rendición de cuentas. Ninguno compra la propuesta de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia, de un porcentaje fijo asignado por la Constitución. Se abren camino propuestas de dicha Comisión, como la consideración de la Justicia como una política de Estado y la creación del Ministerio de Justicia, para que sirva como interlocutor con la Rama Judicial y articulador de la política de justicia.
Con respecto a la tutela, el candidato Vargas Lleras propone eliminar su procedencia contra decisiones judiciales. Otros candidatos propiciarían acuerdos con las altas cortes para moderar el llamado choque de trenes. Ninguno hace propuestas para evitar los abusos de la tutela por parte de los ciudadanos.
Resaltamos positivamente que todos los candidatos coinciden en conservar y fortalecer el Sistema Penal Acusatorio con más recursos humanos y financieros, y partiendo de una adecuada política criminal. Igualmente, se han pronunciado sobre la necesidad de fortalecer la justicia transicional. El candidato Santos es el único que propone que la Fiscalía pase al Ejecutivo, con el fin de lograr una mayor articulación y coordinación de la política criminal a cargo del Presidente de la República y el Fiscal; propuesta que a pesar de la coyuntura que vive el país no debería descartarse sino analizarse y debatirse con cuidado.
Todos los candidatos declaran su respeto por la independencia de los jueces y por las decisiones judiciales y prometen una relación armónica con las altas Cortes.
En los planteamientos de campaña, a pesar de la amplia gama de propuestas que han esbozado los candidatos, brillan por su ausencia medidas para articular y racionalizar la oferta de justicia tanto formal como informal; para mejorar la formación del abogado, la probidad del juez y la lucha anticorrupción -con la excepción hecha de la propuesta de la candidata Sanín sobre los Tribunales Anticorrupción-. Igualmente, hacen falta propuestas para poner al día nuestro derecho con las exigencias de la globalización, fortalecer la primera instancia y revisar determinadas competencias de las altas Cortes. Finalmente, no se abordaron temas como la politización de la justicia, el empoderamiento legal de los pobres y la estrategia de justicia cuando el Estado retoma el territorio, incluyendo la política de no reincidencia.
Por lo tanto los colombianos tenemos una amplia gama de propuestas para Votar en Justicia el próximo domingo.
* Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia
