En estas dos reuniones reflexionamos sobre las frustraciones ciudadanas, muchas de ellas cimentadas, en deseos de venganza o de castigos que no están previstos en nuestras leyes, y en el entendimiento errado del papel del sistema penal y del fin rehabilitador de la pena. Esto me lleva a concluir que la ley va por un lado y las expectativas de los ciudadanos por otro; esta brecha hay que cerrarla rápidamente, bien sea con educación o cambiando la ley en lo que sea posible, sin olvidar que nuestro ordenamiento obedece a estándares internacionales de protección de derechos humanos, que no se pueden obviar, así sea con el beneplácito general.

Igualmente sugerí a los periodistas que trataran la noticia con responsabilidad para no deslegitimar más a nuestra justicia, indicando con claridad las deficiencias del sistema, pero no olvidando mencionar las prácticas y los resultados positivos y que aprovecharan estos programas para hacer pedagogía sobre el sistema penal.

En el programa de Séptimo Día se confundieron conceptos como seguridad y justicia; y se hicieron afirmaciones tales como que la no denuncia de un delito, la libertad por vencimiento de términos, la libertad provisional, son impunidad.

No hay acuerdos, ni en el Estado, ni en la academia, sobre lo que debe considerarse como impunidad en el sistema penal acusatorio. Las metodologías de medición existentes son sobre el sistema anterior. El reciente estudio de la Unión Europea que concluye que en Colombia hay una impunidad cercana al 97% es cuestionable, pues, dentro del término impunidad, se incluyen, por ejemplo, los casos archivados y aquellos en los cuales se ha aplicado el principio de oportunidad y vale la pena recordar que la impunidad es alta en casi todos los países.

En ninguna parte del programa se hizo alusión a los grandes esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano para mejorar su sistema penal y a la cantidad de casos en los cuales si hay pronta y cumplida justicia. Se omitieron igualmente estadísticas, y solamente a través de dos casos se concluye que hay impunidad en Colombia. ¡NO HAY DERECHO!

Sea esta una oportunidad para hacer un llamado a nuestros periodistas judiciales a ser más responsables con la noticia y a capacitarse sobre el sistema penal acusatorio. No se trata de ocultar los problemas, ni más faltaba, pero sí de ser objetivos y de presentar balances ciertos.

Nota: La CEJ expresa su solidaridad a los jueces de la República y espera que se tome en serio su seguridad y rechaza los seguimientos ilegales que funcionarios del Estado han realizado a los Magistrados de las Altas Cortes.

*Directora Ejecutiva – Corporación Excelencia en la Justicia