En el ámbito interno, la justicia colombiana vive una coyuntura especial, que la sitúa en un lugar preeminente del interés nacional; en ella reposa la mejor posibilidad de consolidar los avances logrados en seguridad democrática y de alcanzar la reconciliación y la paz.
En lo externo, el ordenamiento jurídico y el sistema judicial del país deben acomodarse a las condiciones de una justicia global en vertiginoso crecimiento y a un entorno de más interdependencia y de aumento de las relaciones internacionales, pero también de la conflictividad.
Estas solas consideraciones justifican que la justicia sea realmente un tema de Estado; un tema que nos convoque a todos y que desde el Estado sea manejado por una autoridad que ostente el más alto nivel posible y que se dedique a ella con exclusividad.
Hemos abogado por un ministerio que conduzca y oriente las relaciones entre el Ejecutivo y la rama jurisdiccional, preservando la armonía que la Constitución impone, y que además coordine las relaciones internacionales de la justicia.
Es el Ministerio de Justicia el que debe realizar los ejercicios de prospectiva necesarios para promover la educación legal y el fomento de la cultura de la legalidad; impulsar y conducir la investigación sociojurídica, por ejemplo, en torno a los conflictos sociales y cómo estos deben ser regulados por la ley, y orientar el proceso de acomodamiento del ordenamiento jurídico a la realidad nacional y al proceso de globalización de la justicia.
En lo relacionado con la justicia propiamente dicha, al Ministerio le corresponde concertar e impulsar las grandes reformas como política de Estado; formular las políticas de prevención del delito y de régimen penitenciario, y los programas para el acceso a la justicia y el fomento de los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC); desarrollar programas que permitan el adecuado seguimiento de las órdenes de los jueces y su impacto en la convivencia ciudadana; velar por una apropiada articulación entre las distintas ramas en campos como el sistema penal acusatorio, en cuyo funcionamiento están comprometidas varias de ellas y distintos organismos del Estado; asegurar, también, la articulación entre distintas jurisdicciones, como la justicia formal, la de paz, la comunitaria y los MASC, así como la de la justicia con la seguridad ciudadana y la justicia administrativa. También constituye tarea muy importante del Ministerio la coordinación de la extinción del dominio y la administración de los respectivos bienes.
En síntesis, la justicia demanda del Estado concentración y exclusividad en el manejo de una agenda amplia, compleja y de alta prioridad, que no es conveniente mezclar con los temas políticos y del interior. Por esto confiamos en que ahora, como ocurrió en 1945, las tesis basadas en la realidad de la justicia triunfen sobre el argumento del impacto burocrático que podría tener el restablecimiento del Ministerio. Y en que se restablezca, como entonces, el Ministerio de Justicia, que había sido suprimido en 1894.
Esperamos que el Presidente renuncie a su terquedad y enmiende un costoso error, como lo ha hecho en el pasado. En este momento, en que también se necesita racionalizar el tamaño del Estado, recordamos las palabras de Juan Lozano en el 2002: Colombia necesita menos burocracia, pero necesita más justicia.
