Bogotá, 7 de noviembre de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Colombiano. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
A menos de dos meses de que termine el año, la política criminal del país no tiene un doliente fijo y todo apunta a que, en lo que resta de 2019, no se conocerá siquiera la terna de candidatos que debe confeccionar el presidente de la República, Iván Duque, pues el mandatario ha dicho que no la presentará hasta tanto la Corte Suprema, que debe elegir entre los tres postulados, esté completa.
El lío numérico es así: la Sala Plena de la Corte está compuesta por 23 magistrados y debe seleccionar al fiscal general por mayoría calificada (es decir, 12 votos a favor). Actualmente hay 17 togados en funciones y seis vacantes por llenar. Los magistrados deben elegir a sus nuevos compañeros de listas de candidatos que presenta el Consejo Superior de la Judicatura, pero han pasado unos 11 meses de pulso político y dilaciones.
El panorama se agrava, puesto que los togados Luis Guillermo Salazar y Rigoberto Echeverri están próximos a culminar su periodo y retirarse de la Corte. Así, quedarían apenas 15 magistrados en funciones, lo que implica que cualquier decisión deberá tomarse por absoluta unanimidad. Eso es prácticamente imposible cuando se trata de una decisión colegiada.
Para subsanar esos vientos de crisis, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) entregó ayer al Ministerio de Justicia y las bancadas políticas en el Congreso una propuesta para presentar un proyecto de acto legislativo que plantea que cuando una corte tarde más de dos meses sin elegir nuevos magistrados, otro tribunal de igual jerarquía pueda tomar esa decisión. No obstante, la solución no sería inmediata pues el trámite en el Congreso de este tipo de proyectos tarda por lo menos un año.
Hernando Herrera, director de la CEJ explicó a EL COLOMBIANO que, en principio, la propuesta contempla que las cortes tengan un plazo máximo de dos meses para la elección de nuevos magistrados.
“Si una corte es negligente y no hace la tarea, ese deber se le encargaría a su corte paralela. Eso quiere decir que si es la Corte Suprema la que hipotéticamente fuera la morosa, el deber de elegir nuevos magistrados para ella pasa al Consejo de Estado”, añadió.
Pero además, si en el plazo de un mes esa corte sustituta tampoco elige, “la obligación recaería en el Consejo Superior de la Judicatura”, indicó Herrera.
El experto aclaró que la propuesta en ninguna medida busca menoscabar la autonomía de las cortes, puesto que “no se les está sustrayendo la función de elegir a sus propios miembros, sino que se les pone unos términos específicos para cumplirla” y agregó que espera que “los magistrados no estén al tanto de amiguísimos o entorpecimientos, sino de la calidad de las hojas de vida de los elegibles”.
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