El comité de pre-selección ha adoptado esta decisión con base en el aporte de cada una de estas iniciativas al acceso a la justicia, el mejoramiento del servicio al ciudadano, la gestión, innovación, modernización, simplificación y mejora en calidad y en eficiencia del sector judicial en Colombia.

De este grupo de nominados, el jurado calificador seleccionará el ganador y las dos menciones de honor; resultado final que será anunciado en la ceremonia de premiación, el próximo 25 de octubre en el Auditorio del BBVA de la ciudad de Bogotá y en la que participarán, el Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón; autoridades del Gobierno Nacional, Rama Judicial, Congreso de la República; instituciones académicas del derecho y los más importantes juristas del país; medios de comunicación, funcionarios judiciales y el sector empresarial.

El jurado está integrado por:

  • Manuel José Cepeda Espinosa, Ex Presidente de la Corte Constitucional y Ex Decano de derecho de la Universidad de los Andes.
  • Jaime Giraldo Ángel, Ex Ministro de Justicia y Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura.
  • José Alejandro Bonivento Fernández, Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Ex Magistrado de los Consejo de Estado y Superior de la Judicatura.
  • Alfonso Reyes Alvarado, Rector de la Universidad de Ibagué.
  • Lucía Arbeláez de Tobón, Ex Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

    Las prácticas nominadas son las siguientes

    Centros de Atención a Víctimas de Violencias y Graves Violaciones a Derechos Humanos – CAVIDH creados a partir del proyecto de Atención a las Víctimas de Violencias y Delitos para la Garantía de sus Derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá.

    En la actualidad existen trece CAVIDH, ocho se encuentran ubicados en diferentes localidades del Distrito Capital, uno en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, otro está enfocado en el campo de la asistencia legal sobre titulación, protección y restitución de tierras a víctimas de desplazamiento forzado. Existe también uno dedicado al tratamiento de víctimas bajo la ley de justicia y paz y, por último, uno se encuentra ubicado en el municipio de Soacha, el cual se especializa en el tratamiento de víctimas de casos por ejecuciones extrajudiciales; estos espacios permiten el contacto inmediato con las víctimas de violaciones de derechos humanos. Asimismo, y con el fin de facilitar el acceso de los beneficiarios a los servicios ofrecidos por el modelo, se cuenta con un CAVIDH móvil. Ver más…

    Defensoría Pública para Indígenas en el Tolima

    Para garantizar el acceso a la justicia de los más de 40 mil indígenas del sur del Tolima, la Defensoría del Pueblo Regional de este departamento cuenta con un defensor público especializado en la atención a comunidades indígenas, el cuál desde el año 2000, trabaja en la defensa judicial penal y de derechos humanos de los indígenas, así como en actividades de educación legal. Esta iniciativa tiene como antecedente la protesta pacífica indígena tolimense en 1998 por la carretera panamericana, frente a la necesidad de funcionarios estatales con conocimientos acerca de las normas que los regulan y protegen. Ver más…

    Bogotá Jurídica Digital de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá.

    A través de esta práctica se logró la agrupación de los siguientes sistemas de información jurídica que optimizan la prestación de servicios:

    • Régimen legal de Bogotá: sistema de información, con acceso libre y gratuito para cualquier interesado y en el cual está registrada la información normativa y doctrinaria de impacto para el Distrito Capital, con un total de 27.285 documentos a 30 de agosto de 2010.
    • Sistema de información de procesos judiciales: permite hacer un seguimiento y evaluación detallados de todos los procesos judiciales en los que está involucrado el Distrito Capital, dónde existe la posibilidad de hacer seguimiento no sólo a las actuaciones procesales en desarrollo de la actividad litigiosa, sino que, es posible determinar el impacto del resultado de la gestión jurídica en defensa de los intereses de la ciudad.
    • Biblioteca jurídica virtual: pretende poner al servicio tanto del funcionario como del ciudadano los textos jurídicos desarrollados por los distintos organismos Distritales, que sirvan para orientar la gestión pública y el acceso a la información jurídica.
    • Sistema de información para la defensa de los intereses del Estado: conjunto de herramientas informáticas jurídicas actualizadas, que pretende consolidar y optimizar las experiencias surtidas en materia de Defensa en derecho comparado, que conllevan a la preservación del patrimonio público y prevención del daño que podría causar el Estado en sus actuaciones.
    • Sistema de información disciplinaria: permite el seguimiento de las causas en esta área, de forma que se pueda hacer control efectivo del proceso en todas sus etapas.
    • Sistema de información de personas jurídicas: herramienta unificada para el registro, inspección, vigilancia y control de las personas jurídicas sin ánimo de lucro con domicilio en Bogotá.

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    Apoyo a la Legalización y Titularización de Predios de Pequeños Productores en el Departamento de Caldas

    Proyecto emprendido desde octubre de 2009 por el Consultorio Jurídico “Daniel Restrepo Escobar” de la Universidad de Caldas, para identificar en diecisiete municipios del departamento los habitantes de inmuebles rurales que detentan posesión material con ausencia de títulos de propiedad. Ver más…

    Implementación y certificación del SGC “Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia”

    La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional implementó un sistema de calidad a través del cual se logró la reingeniería de procesos, la incorporación de nuevas metodologías administrativas, el fortalecimiento de las comunicaciones entre todos los grupos internos y externos, y la inclusión de sistemas de información y evaluación con mayor capacidad tecnológica, formulando indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.Ver más...

    Gerencia de las investigaciones – Gerenciando mi caso

    Este programa del Cuerpo Técnico de Investigación CTI ha fortalecido el rol del investigador de Policía Judicial, con herramientas para optimizar el talento humano, los recursos y las actividades requeridas en la investigación de hechos de carácter penal; replantea la labor del investigador, pasando éste de un rol como ejecutor de tareas ordenadas por el fiscal, a un gerente interdependiente, dinámico, competitivo y con participación directa en la planeación, desarrollo y ejecución de investigaciones exitosas. Ver más...

    Barra académica para defensores públicos y operadores del Sistema Nacional de Defensoría Pública

    La práctica consiste en el establecimiento de espacios de encuentro entre los operadores de la Defensoría Pública, que tiene como objetivo la exposición del pensamiento jurídico en torno a los casos que adelantan, a las temáticas jurídicas planteadas y desarrollo práctico de programas de capacitación y análisis jurisprudencial bajo la dirección del Coordinador Académico, funcionario que aporta elementos conceptuales y metodológicos, que apuntan al mejoramiento del servicio. Ver más…

    Normatización de la peritación en psiquiatría y psicología forense mediante la construcción de un protocolo de evaluación básica y quince guías complementarias

    Dado que el buen funcionamiento de Sistema Penal Acusatorio demanda resultados confiables y eficaces de las pericias forenses, el Instituto de Medicina Legal ha identificado la elaboración de protocolos y guías como una herramienta idónea para asegurar la calidad de las mismas. Para este fin, a través de la realización de grupos de trabajo en las regionales y de cuatro encuentros nacionales, 60 profesionales del área lograron la normatización de la peritación en psiquiatría y psicología forense mediante la construcción de un protocolo de evaluación básica y catorce guías complementarias de los temas forenses más frecuentemente requeridos en la función de auxilio a la justicia. Ver más…

    Modelo Interinstitucional de Atención a Victimas MIAV

    Esta práctica constituye una estrategia de coordinación que pretende desarrollar procesos de atención integral a víctimas a nivel territorial y nacional, comenzando con el reconocimiento de sus derechos a la verdad, justicia y reparación y finalizando con las acciones de empoderamiento para su garantía. El registro de las víctimas dentro del sistema de información de justicia y paz, la atención psicojurídica y psicosocial, y la remisión y seguimiento a las diligencias judiciales pertinentes, son algunos de esos procesos. Ver más...

    JUSTICIA MÓVIL La justicia a su puerta

    Consiste en la realización de jornadas semanales de atención y educación integral en justicia a comunidades vulnerables (estratos 0 y 1) en las que autoridades como la Dirección de Justicia, la Secretaría de Espacio Público, la Policía Nacional, la Comisaría de Familia, la Registraduría, los Jueces de Paz, la Secretaría de Gobierno y ONG prestan sus servicios para promocionar los mecanismos alternativos para el trámite de controversias y la prevención de la conflictividad cotidiana en familias, comunidades y entre diferentes actores: niños, adolescentes, líderes comunitarios. Ver más…

    Sub-especialización de las Unidades de Vida

    La práctica surge como consecuencia de diagnósticos previos realizados por las unidades de vida, que evidenciaban una alta cantidad de ingresos que podían ser depurados mediante un trámite ágil, pues no configuraban la comisión de un delito (muertes naturales, suicidios, por ejemplo). Estos casos engrosaban las estadísticas de los inventarios de la Fiscalía, restaban capacidad para la investigación de los casos que sí constituyen delito y dificultaban el seguimiento a la gestión de los despachos fiscales. Lo anterior derivaba en una carga de 10.848 casos para 2009, los cuales debían ser atendidos por una planta promedio de 24 fiscales que integraban la unidad. De esta forma, se impuso la necesidad de reorganizar las Unidades de Vida para entregar a las víctimas de homicidio una gestión más efectiva en la persecución de estas conductas punibles. En este proceso de reorganización, fueron unificadas las dos unidades de vida existentes y se crearon tres subgrupos de trabajo: uno encargado de los delitos por establecer; otro encargado de los homicidios culposos y un último subgrupo encargado de los homicidios dolosos. Ver más…

    Reorganización y fortalecimiento al Centro de Servicios Administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá

    Esta práctica ha permitido el fortalecimiento de la gestión judicial dentro de esta especialidad, en virtud del traslado de los despachos y el centro de servicios a una nueva sede debidamente dotada y adecuada; la implementación de un sistema de digiturno para organizar la atención al usuario, la redefinición de funciones, la implementación de un punto de información al usuario, y el incremento y la especialización de las ventanillas. Ver más…

    La Corporación Excelencia en la Justicia felicita las doce prácticas que fueron elegidas como nominadas a este reconocimiento, que se entrega cada dos años para visibilizar iniciativas innovadoras de gestión que contribuyen al mejoramiento de la justicia en Colombia.

    El orden de descripción de los doce nominados no coincide con el resultado final que decidirá el jurado del Tercer Premio Excelencia en la Justicia.

    La publicación de las prácticas ganadoras en www.cej.org.co, la amplia difusión en medios nacionales y regionales y en organizaciones internacionales interesadas en temas de justicia, además de estatuilla, pergaminos, incentivos económicos y obsequios de los patrocinadores, son los estímulos que se otorgarán a los mejores proyectos.

    Proyecto emprendido desde octubre de 2009 por el Consultorio Jurídico “Daniel Restrepo Escobar” de la Universidad de Caldas, para identificar en diecisiete municipios del departamento los habitantes de inmuebles rurales que detentan posesión material, con ausencia de títulos de propiedad.