“Qué bueno que la discusión sea en este ambiente de tranquilidad, porque al Gobierno le preocupaban y nunca comprendió esas afirmaciones iníciales en el sentido de que se requería de una veeduría internacional -bienvenida si a ello hay lugar- o que el proyecto del Gobierno era un proyecto orientado a descalificar a la Justicia o a violentar su autonomía o a privatizar a la misma, iremos demostrando a lo largo de este debate que esas afirmaciones carecen de fundamento”, manifestó Vargas Lleras.
El jefe de la cartera política recordó que el acercamiento con las Altas Cortes y la puesta en consideración del anteproyecto de Reforma a la Justicia, comenzaron desde el 9 de agosto de 2010 y se extendieron durante casi un año, con el único propósito de concertar con la Rama Judicial el contenido de la iniciativa.
No obstante, advirtió que “si no se avanzó más en estas discusiones no fue porque el Gobierno fuera obtuso o sordo para escuchar propuestas que pudieran enriquecer esta reforma”.
El ministro del Interior recordó que más allá del ámbito presupuestal, los problemas de la justicia en Colombia abarcan muchos aspectos, entre ellos el acceso a la misma y la congestión judicial.
“Permítanme decir, sin ánimo de mortificar a nadie, que durante un año la única solicitud que se escuchó por parte de las Cortes es que se necesita el fortalecimiento económico y fiscal de la Rama Judicial, y aunque en parte el Gobierno comparte este criterio, cree que no es el único para fortalecer a la Justicia”, puntualizó.
Por último, el Ministro Vargas Lleras reiteró que en algunos aspectos la Justicia no funciona en Colombia: “Cuando un proceso ejecutivo tarda 6 años y cuando un proceso ordinario, 12 años, simplemente no hay Justicia, por eso los instrumentos que el Gobierno propone son novedosos, son políticas de choque, orientadas a que la Justicia sea expedita, ágil y de fácil acceso”.
