La Comisión propuso que el Fiscal General de la Nación sea escogido por el Presidente de la República, luego de una lista de seis integrantes enviada por la Corte Suprema de Justicia.

En otra de las conclusiones está el acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y transformarlo en el Consejo Nacional de la Administración Judicial.

Separar al Ministerio del Interior y de Justicia y reestablecer al Ministerio de Justicia, para ubicar en cabeza del jefe de esta cartera, funciones de formulación de políticas y planes de enmienda al ordenamiento jurídico y a la política criminal, es otra de las enmiendas.

Adicionar en la Constitución una disposición que establezca que los conflictos de competencia entre jurisdicciones, no asignados especialmente, serán dirimidos por una sala de conflictos, integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

También se pretende otorgar a la Corte Constitucional, la función de dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar, así como entre la ordinaria y las especiales.

Adicionalmente, dar al Consejo de Estado la competencia para dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción contencioso administrativa y las jurisdicciones especiales.

También se propone destinar a la Rama Judicial un monto no inferior al 25% del presupuesto anual, independiente al presupuesto de la Fiscalía General.

Mantener a la Fiscalía dentro de la Rama Judicial e incrementar el período del Fiscal General de la Nación a cinco años.

Consolidar la jerarquía del Fiscal, eliminando de la Constitución la disposición que reconoce la autonomía de los fiscales delegados al interior de la Fiscalía.

Estudiar la posibilidad de unificar el esquema procesal o penal para dar aplicación exclusiva a la ley 906 (Sistema Penal Acusatorio), dando fin a la aplicación de la ley 600 (antiguo sistema).

Suprimir en el marco del Sistema Penal Acusatorio la intervención de la Procuraduría General de la Nación en los procesos penales, son entre otras unas de las 14 conclusiones presentadas por la Comisión.

La Comisión presentará las enmiendas a los candidatos presidenciales, a la Academia y a la sociedad en general. Así mismo visitaran a cada uno de los presidentes de las Cortes para hacerles entrega del informe y explicarles en qué consiste, allí abra espacio para el debate. De esta manera la Comisión recogerá las conclusiones que surtan de este proceso para presentar el informe definitivo el próximo 19 de mayo.

Alejandro Bonivento, presidente de la Comisión de Expertos, presentará el informe ante el Gobierno Nacional, los presidentes de las altas Cortes, el Fiscal General, el Procurador, el Contralor y el Defensor del Pueblo.

Son 14 conclusiones preliminares que se expondrán por parte de la Comisión de Expertos.