Al final, se impuso (siete votos contra cinco) la ponencia positiva, que en tal sentido presentó el senador Juan Carlos Vélez.

En el artículo 1 del acto legislativo que defendió Vélez y que modificaría el artículo 49 de la Constitución, se lee que “el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.

A este texto se le sumó una proposición del senador liberal Héctor Helí Rojas que pretende ‘blindar’ a futuro la idea del Gobierno de someter de manera obligatoria a los adictos. La proposición aprobada establece que cualquier tratamiento contra la adicción se concrete “con la aprobación previa del paciente”.

El ministro del Interior, Fabio Valencia, explicó que en el proyecto de acto legislativo se acogió la propuesta de contemplar a los adictos como enfermos por lo cual “es una obligatoriedad del Estado recuperar a las personas que han caído en esta situación”.

El senador Armando Benedetti, quien presentó ponencia negativa y pidió archivar el proyecto, rechazó el paso de la reforma constitución al cuarto debate en la plenaria del Senado porque “avasalla la libertad de las personas”.

Y agregó: “Hoy es el día más triste de mi trabajo legislativo porque estamos ante un congreso conservador, retardatario y anacrónico”.

El gran interrogante sobre la viabilidad del proyecto, que es iniciativa del Gobierno, lo dejó planteado el ministro de Protección Diego Palacio, quien reconoció la falta de recursos para financiar una gran estrategia de prevención y rehabilitación.

En otro de los incisos, el texto del proyecto aprobado señala que “El Estado desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas (…) y en favor de la recuperación de los adictos”.

Según el alto funcionario, se trata de “un tema muy costoso y con muy poca efectividad. Cerca del 90 por ciento de los costos que se invierten en el tratamientos como el de la drogadicción no tiene ningún tipo de efecto”, advirtió.

Según Palacio, “sólo dos de cada 10 personas que se someten a tratamiento en cualquier sitio del mundo logran tener algún tipo de recuperación”.

Señaló, sin embargo, que elevar la prohibición del consumo a nivel constitucional “es un gran paso para que la sociedad como tal empiece ha rechazarlo”.

El Tiempo / 03 de junio de 2009