La decisión se dio un mes después de que el ex superintendente de notariado y registro Manuel Guillermo Cuello Baute denunciara lo que sería un carnaval de notarías para los congresistas que favorecieron la reelección presidencial, en 2004.
La determinación obedece a las versiones que dio Cuello Baute respecto de la manera como habrían sido asignadas cerca de medio centenar de notarías, al parecer, para personas cercanas a parlamentarios que previamente habrían favorecido con su voto el acto legislativo que permitió el segundo mandato para el presidente Uribe.
En el caso de los hijos del Presidente como reza en la lista entregada por Cuello Baute, éstos “habrían ayudado, de una u otra manera, para que se concretara la entrega de la notaría dos de Facatativá, y dos de Tunja”.
De esos nombramientos, según el listado, darían cuenta los decretos 887 del 27 de marzo de 2006 y 1263 del 26 de abril mismo año.
En cuanto a los ex mandatarios Samper y Pastrana, se conoció que la Corte quiere conocer cómo era el nombramiento de notarios antes de entrar a regir la carrera notarial.
Enterado de la decisión, Tomás Uribe dijo que asistirá a la diligencia porque es su deber hacerlo, y agregó que insistirá en su inocencia.
“Reiteraré que jamás he intervenido en nombramientos de notarías, intrigas o contratos oficiales”, sostuvo en declaraciones a medios.
