Si no hay cambios, advierte el tribunal, “afectaría y debilitaría de manera extrema la existencia” del Consejo de Estado, y por eso el presidente del tribunal, magistrado Enrique Gil, pide que se aclare este tema.
Otro de los temas que para ese tribunal no se toca en la reforma es el de la reglamentación de la tutela contra sentencias judiciales, tema promovido por la Constitucional, pero que ha sido rechazado por el Consejo de Estado.
“El Consejo de Estado es un órgano de cierre y no está dispuesto a tolerar intromisión de otra autoridad. Es una jurisdicción soberana”, dijo el magistrado Gil.
De igual manera, el tribunal está de acuerdo con lo que pretende la reforma: que las altas cortes no tengan que ver en la elección de funcionarios diferentes a los de la rama, como el Procurador o el Registrador Nacional.
Ve con buenos ojos, además, la necesidad de reformar la Sala Administrativa de la Judicatura, pero, señala el Consejo, esta no debe estar compuesta por magistrados sino por gerentes o administradores. Lo que propone el Gobierno es crear una Sala de Gobierno con los magistrados de las altas cortes.
Y está de acuerdo con que la Sala Disciplinaria solo se encargue de estudiar las denuncias contra jueces, fiscales y magistrados de tribunales, y no tenga otras funciones como la revisión de tutelas.
El Consejo pidió replantear las causales de las inhabilidades e incompatibilidades para los congresistas, con el fin “de ajustarlas, de ampliarlas o de reducirlas”.
Ayer, la Comisión Primera del Senado empezó la discusión de la reforma.
El Tiempo / 09 de octubre de 2008
