07 de marzo de 2019 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por La Nación. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
Cuando muchos esperaban el llamado a juicio el primero de marzo pasado al alcalde del municipio de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, por su presunta participación en el crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa, la Fiscalía pidió, sorpresivamente, suspender la audiencia en la que iba a sustentar sus señalamientos contra el mandatario de los laboyanos. La acusación debía formularse ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito.
Algo similar ha ocurrido con el caso de Jaumeth Albeiro Flórez, alias ‘El Chori’, involucrado en el asesinato de la periodista laboyana, Flor Alba Núñez. La audiencia preparatoria para el juicio oral ha sido suspendida en varias oportunidades por solicitud de los defensores de oficio del sindicado.
Estos casos son apenas una pequeña muestra de la extendida y cuestionada práctica de suspender o reprogramar diligencias judiciales en el Huila.
De acuerdo con cifras que el Consejo Seccional de la Judicatura acaba de consolidar, el año pasado se cancelaron en el departamento 4.357 audiencias.
El mayor responsable es la Defensoría del Pueblo. Según los mismos datos, los defensores públicos suspendieron en 2018 1.566 audiencias.
Cabe aclarar que la mala práctica de cancelar diligencias judiciales no es sólo regional. Hace un año, por esta época, la Corporación Excelencia en la Justicia se quejaba por el mismo mal a nivel nacional. En esa oportunidad, la organización instaba a que los jueces asumieran no sólo el poder sino el deber de sancionar a los defensores. Incluso, describió casos en los “que se han permitido dilaciones de hasta tres años para realizar una diligencia sin que se haya abierto ningún proceso disciplinario contra los abogados”.
Los defensores públicos huilenses se defienden. Unos argumentan que es exceso de carga laboral, pues cada defensor lleva entre 130 y 160 procesos judiciales. “Una carga de esas hace imposible que el defensor pueda cubrir la totalidad de las audiencias”, advierten. Como si fuera poco, dicen los mismos defensores, no hay continuidad en sus contratos laborales.
Otros, sin embargo, como el defensor Jorge Enrique Cortés Polanía hace una grave denuncia: “Es un tema que debe ser precisado. De manera equivocada, la carga del aplazamiento se la están atribuyendo en los juzgados a la Defensoría del Pueblo”.
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