La orden por los allanamientos se dio luego de que el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute asegurara ante el alto tribunal que los parlamentarios se beneficiaron con la entrega de 79 notarías, a cambio del voto a favor de la iniciativa.

Uno de esos allanamientos se realizaba anoche en la ciudad de Bucaramanga, en la casa del senador conservador Alirio Villamizar Afanador.

Como se recordará, Cuello Baute había relatado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que al senador Villamizar Afanador le fue entregada la Notaría 2 de Floridablanca, Santander, mediante el Decreto 4264 del 23 de noviembre del 2005.

Con esta versión, la Corte Suprema de Justicia inició una indagación preliminar, dentro de la que también rindió versión la ex congresista Yidis Medina, quien ratificó lo dicho por el ex Superintendente de Notariado.

En consecuencia, la Corte empezó a indagar más a fondo y por eso ordenó una inspección judicial a las cuentas de tesorería de las notarías cuestionadas; luego se trasladó hace un par de semanas a Comisión I de la Cámara y ahora por lo que se ha conocido, ordenó la inspección con allanamiento a los legisladores, entre ellos Alirio Villamizar.

Las autoridades no descartaron que en las próximas horas se ordenen nuevos allanamientos en las casas de congresistas y ex parlamentarios en las principales ciudades del país.

Anoche se conoció de manera extraoficial que el CTI de la Fiscalía adelantaba operativos en, por lo menos, diez viviendas de políticos en diferentes sectores del país, con el propósito de buscar información que permita aclarar el escándalo por la entrega de notarías.

Desde el pasado 8 de julio la Corte inició la investigación previa por este caso y por ello ha practicado diferentes diligencias judiciales, entre ellas una inspección a la Superintendencia de Notariado y Registro para revisar los decretos y los documentos que permitieron la creación de nuevas notarías en el país entre 2004 y 2006 y, además conocer las que quedaron vacantes en el 2005.

También se han revisado las hojas de vida de al menos 25 notarios, al igual que la de tres funcionarios de la Superintendencia.