Bogotá, 19 de marzo de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
Con cerca de un 20 por ciento de casos que no pueden ser evacuados el mismo año que llegan y se van rezagando, y un inventario de procesos que a 2019 llegaba a 1’884.088, la congestión es uno de los mayores problemas de la justicia en Colombia.
Las variables que influyen en esto son múltiples. Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, explicó que el número de jueces de Colombia es una de las razones fundamentales de la congestión.
Y es que, con corte al 15 de febrero de este año, en Colombia había 5.488 jueces, entre jueces, magistrados de tribunal y de altas cortes, lo que significa que para los 50 millones de colombianos, la tasa es de 11 jueces por cada 100.000 habitantes. En comparación, la Ocde dice que el estándar óptimo es de 65 jueces por esa misma cantidad de personas.
Pero la poca cantidad de jueces no es la única razón de la congestión, dijo Herrera, quien agregó que “hay estudios que señalan que nuestro sistema procesal posee múltiples variables y posibilidades de interponer recursos ante el superior jerárquico en cada caso, lo cual hace que las actuaciones sean más demoradas. Un tercer aspecto es la alta litigiosidad, es decir, buscar resolver las controversias esencialmente mediante la vía judicial”.
Y añadió que para superar este tema hay que trabajar en tener más jueces, pero también en aspectos como la seguridad jurídica.
Detrás del número de jueces está el presupuesto, que no ha crecido tanto como se ha pedido, “ese rezago se nota año tras año en el número de jueces y magistrados, que se necesitan muchos más, en inversiones también”, dijo Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, órgano que administra los recursos de la Rama.
Remolina agregó que mientras que desde los 90 la demanda de justicia en Colombia ha aumentado en un 350 por ciento, la planta de personal solo ha crecido en 20 por ciento.
En esto coincidió Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, quien dijo que debe haber dinero para invertir en la justicia pues, por ejemplo, dijo, los jueces penales del circuito de Bogotá siguen siendo la misma cantidad desde hace 20 años, pero la cantidad de procesos que conocen no son los mismos de hace dos décadas.
La Judicatura agregó que para mejorar la eficiencia también es importante la digitalización de todo el proceso, “la tecnificación de la justicia reduce tiempos y la hace más eficiente y ágil”, apuntó Remolina.
En el proceso de digitalización han estado trabajando tanto las altas cortes como el Ministerio de Justicia, incluso de la mano del BID, pero el camino aún es largo y costoso. Según la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, entre los análisis que han hecho tienen que el plan de digitalización de la justicia en Inglaterra costó unos 800.000 millones de dólares, y en Perú, dijo, ya llevan un inversión de 450.000 millones de dólares, por lo que calculan que todo la digitalización en Colombia puede costar entre 500 y 800 mil millones de dólares.
De otro lado, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, indicó que también están trabajando en estrategias para impulsar la celeridad de los procesos y que en el marco de la reforma de la justicia y la ley estatutaria a la justicia –que están pendientes de ser radicadas en el Congreso– se plantean medidas para desjudicializar asuntos que pueden ser resueltos sin necesidad de la intervención de un juez.
Igualmente, dijo Cabello, se están fortaleciendo estrategias para aumentar el uso de métodos alternativos de solución de conflictos, lo que impacta en la reducción de los casos que terminan llegando a un despacho judicial.
No obstante, algunos no están tan de acuerdo con que la salida sea desjudicializar asuntos, o, como lo propone el borrador de reforma a la justicia, darles a notarios, árbitros y conciliadores poderes jurisdiccionales, es decir de jueces, en algunos casos.
El magistrado Lara consideró que esto que en lugar de “quitarle peso a la rama judicial” al entregarle asuntos a notarios, árbitros y demás, deberían crear jueces y no “volver esto un negocio al dárselo a particulares”.
Por su lado, Álvaro Rojas, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, dijo que esta propuesta establece que ellos recibirían esos poderes jurisdiccionales solo de forma excepcional y para casos en los que haya un mutuo acuerdo entre las partes, “lo que a mí me preocupa es el trámite del proyecto de acto legislativo, que no uno sabe ni qué entra ni qué sale del texto, pero las funciones que nos atribuyen las veo normales”.
En todo caso, frente a una congestión judicial que cada día presiona más al sistema, que diariamente sigue recibiendo las necesidades jurídicas de los ciudadanos, varios de los expertos coinciden en que en la solución debe haber esfuerzos conjuntos en varios frentes.
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