Según la funcionaria, la expedición de la ley 1336 permite a las autoridades locales no solo cerrar los sitios en los cuales se promueve la explotación sexual de menores sino aplicarles la extinción de dominio.

Forero recordó que con la sanción de esta ley se aumentan las penas por pornografía a 20 años y explotación sexual comercial a 14 años, lo que brinda mejores herramientas para la judicialización de las bandas dedicadas a este delito.

Denuncias

Indicó que este año se han presentado al menos 17.000 denuncias por abuso sexual en Medicina Legal. Sin embargo, el ICBF solo conoce de 3.600 casos.

“Sabemos que es un delito que aún tiene un subregistro muy alto. El mensaje para las alcaldesas es construir ciudades y municipios seguros para los niños”, indicó Elvira Forero.

Entre las estrategias propuestas por el Instituto para fortalecer las denuncias están los acuerdos de voluntades que se han suscrito con algunas administraciones como las de Cartagena, Dosquebradas, Cúcuta y Armenia. También con la Gobernación de Córdoba.

Estos convenios buscan comprometer todos los esfuerzos para lograr no sólo la eliminación de estos abusos, sino un castigo ejemplar para quienes la promuevan.

En el evento se hizo un llamado para que se cumplan las normas que establecen las condiciones de igualdad para que los niños con discapacidades puedan acceder a la educación. “Los colegios municipales deben transformarse y brindar educación en igualdad de condiciones a niños con discapacidad. De ahí que tengan que incluir personal capacitado para ello”, afirmó Patricia Avendaño, alcaldesa de Zona Bananera, del Magdalena.