Monitoreo de medios

Inconformidad por realización de examen de jueces

No para la polémica por haberse llevado a cabo el domingo anterior por parte del Consejo Superior de la Judicatura el examen para los aspirantes a ser incluidos en
la lista de elegibles para jueces y magistrados, pues una medida cautelar de un juez de Arauca había ordenado ser suspendido tras las denuncias de que supuestamente se estarían vendiendo las preguntas.
Aspiran en este concurso no solo los actuales jueces sino abogados que creen cumplir los requisitos para ser incluidos en la lista de elegibles que tiene vigencia de cuatro años y que por ley estatutaria debe ser conformada cada dos años. Para dicho examen fueron convocadas 27. 800 personas en todo el país, sin embargo, un buen número de ellas no lo presentaron porque a pesar de que acudieron a los sitios establecidos de antemano se abstuvieron de participar, precisamente, a raíz de la medida cautelar otorgada por el juez.
También se dieron varios casos de aspirantes que se presentaron a los sitios establecidos para la realización de la prueba, pero se encontraron con la respuesta que se había trasladado a otro lugar.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros, dijo que "los exámenes se realizaron en el día y hora estipulados, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura llevó a cabo los exámenes porque no había ningún tipo de notificación, además ya estaban dispuestos los sitios y por esto se ha venido haciendo un desgaste y esfuerzo impresionante de la carrera administrativa para que salga adelante, pues es la que permite el ingreso de jueces y magistrados, acá el esfuerzo es claro y sencillo".
Sin embargo, María del Pilar Arango Hernández, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, dijo que "había una medida provisional de un juez de tutela y estamos en desacuerdo que no se haya acatado, así tuvieran el derecho a cuestionarla y a impugnarla posteriormente, pero cuando son medidas cautelares la norma es muy clara que primero se ejecutan, luego se impugnan y se notifican".
El magistrado Ovidio Claros defendió la realización del examen como estaba agendado y dijo que "lo cierto es que con esto gana el Gobierno Nacional y el país, todas esas personas que aprobaron satisfactoriamente están en unas listas en la que próximamente se nombrarán jueces y magistrados, no se nombraron personas a dedo y eso es lo más trascendental".
No obstante, la juez María del Pilar Arango Hernández, quien se presentó al sitio de la prueba en Bogotá pero no quiso participar junto con otras personas como muestra de inconformidad, anticipó que "vamos a iniciar demanda mínimo ante el contencioso administrativo para que se tenga en cuenta que se adelantó ese examen sin acatar la decisión previa del Tribunal de Arauca, violando una orden vigente de un juez de tutela".

Demandarán por desacato a la Judicatura por escándalo de elección de jueces

María del Pilar Arango, directora de la Coorporacion Jueces y Magistrados, dio a conocer en diálogo con LA F.m., que en los próximos días será radicada una demanda en el Consejo de Estado en contra del Consejo Superior de la Judicatura por el escándalo de la venta de exámenes para la elección de jueces.

Arango indicó que el motivo de esa acción judicial obedece a que ese alto tribunal cometió el delito de desacato al no atender las medidas cautelares que profirió el tribunal de Arauca que ordenaba suspender los exámenes, mientras se fallaba de fondo una tutela.
"Decidimos no presentarnos muchos de nosotros y decidimos pretender una nulidad en contra de ese acto de convocatoria de ese examen porque consideramos que las decisiones judiciales en el país que es social de derecho se deben cumplir así no se esté de acuerdo con ellas"precisó Arango.
Dentro de las presuntas irregularidades denunciadas secobraba hasta 8 millones de pesos para acceder al contenido de las pruebas.

http://www.lafm.com.co/noticias/demandar-n-por-desacato-la-jud-173504

Judicatura le solicitó a la Fiscalía investigar denuncia de fraude en exámenes de la Rama Judicial

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco manifestó que trasladarán la denuncia presentada por un grupo de seis jueces del municipio de Samaniego (Nariño) ante la Fiscalía General con el fin de que se tomen las medidas correspondientes para evaluar la veracidad de los hechos allí narrados.
En un documento de tres páginas enviado al despacho del presidente del alto tribunal, los funcionarios judiciales manifestaron que existen testimonios que permiten establecer que un grupo de personas estarían cobrando entre ocho y diez millones de pesos para entregar las preguntas y respuestas de los exámenes para jueces y magistrados que se realizarán este fin de semana.
Ovidio Claros aseguró que ya dio la orden en su oficina para que se hagan los respectivos oficios en la Fiscalía y en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura "para ver qué decisiones se pueden tomar respecto a esto (...) El concurso en un principio se debe salvaguardar".
Aseguró que se comunicará con el fiscal y el vicefiscal General para "mirar qué podemos hacer de manera conjunta" y tomar las medidas necesarias para proteger la realización de dichas pruebas, para la cual se inscribieron 27.565 personas, con el fin de que no se presenten irregularidades.
"Es un escrito serio, que trae una suscripción de firmas y es gente que denuncia hechos serios", precisó el presidente de la Judicatura al manifestar que va a analizar detalladamente el escrito presentado en su oficina por los seis jueces.
El magistrado manifestó que pese a las solicitudes que se han presentado para que se aplacen las pruebas por el momento estas se realizarán este sábado y domingo."Lo más grave sería suspender, pero toca hacerlo pues se hace", precisó Claros Polanco al indicar que va a estudiar el documento en su despacho.
Finalmente aseguró que es la Universidad de Pamplona, que firmó un contrato con la Judicatural, es la responsable de realizar las preguntas y respuestas. "Sería gravísimo si se confirmaran estas denuncias. Se firmaron unos contratos de cumplimiento que buscan que no se filtren los cuestionarios".
El costo de la realización de las pruebas se acerca a los dos mil millones de pesos. "La Fiscalía General tiene que investigar si se han vulnerado los contratos firmados con dos entidades para su realización y análisis".

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/judicatura-le-solicito-fiscalia-investigar-denuncia-de-articulo-531422

Niegan tutela para que Alberto Rojas pueda volver a la Corte Constitucional

Con ponencia de José Gregorio Hernández una sala de conjueces del Consejo de Estado rechazó la tutela con la que el exmagistrado Alberto Rojas Ríos pretendía volver a su cargo en la Corte Constitucional.

 Por unanimidad Hernández, Miryam Guerrero, Hernando Yepes Alzte y Gustavo Zafra Roldán encontraron que improcedente e inviable la tutela.

En primer lugar, establecieron que alrededor de la decisión de la sección Quinta del Consejo de Estado, que decretó la nulidad de la elección de Rojas Ríos porque se había violado la obligación de mantener en reserva el sentido del voto, no es viable acudir a la tutela para buscar la nulidad de ese fallo.

En segundo, establecieron que durante ese proceso no se violó el derecho a la defensa del abogado Alberto Rojas Rios, quien aspira a regresar a la Corte Constitucional.

De la terna de la que fue elegido magistrado Alberto Rojas hicieron parte Martha Lucía Zamora Ávila y Alejandro Linares Cantillo.

En torno al nombre del hoy exmagistrado hubo un escándalo previo a su posesión luego de que el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, denunciara que se habría quedado con la indemnización que le pagaron a una viuda, cliente suya.

Escuche el audio de esta noticia en

http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/niegan-tutela-para-que-alberto-rojas-pueda-volver-a-la-corte-constitucional/20141203/nota/2535609.aspx