El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco manifestó que trasladarán la denuncia presentada por un grupo de seis jueces del municipio de Samaniego (Nariño) ante la Fiscalía General con el fin de que se tomen las medidas correspondientes para evaluar la veracidad de los hechos allí narrados.

En un documento de tres páginas enviado al despacho del presidente del alto tribunal, los funcionarios judiciales manifestaron que existen testimonios que permiten establecer que un grupo de personas estarían cobrando entre ocho y diez millones de pesos para entregar las preguntas y respuestas de los exámenes para jueces y magistrados que se realizarán este fin de semana.

Ovidio Claros aseguró que ya dio la orden en su oficina para que se hagan los respectivos oficios en la Fiscalía y en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura "para ver qué decisiones se pueden tomar respecto a esto (...) El concurso en un principio se debe salvaguardar".

Aseguró que se comunicará con el fiscal y el vicefiscal General para "mirar qué podemos hacer de manera conjunta" y tomar las medidas necesarias para proteger la realización de dichas pruebas, para la cual se inscribieron 27.565 personas, con el fin de que no se presenten irregularidades.

"Es un escrito serio, que trae una suscripción de firmas y es gente que denuncia hechos serios", precisó el presidente de la Judicatura al manifestar que va a analizar detalladamente el escrito presentado en su oficina por los seis jueces.

El magistrado manifestó que pese a las solicitudes que se han presentado para que se aplacen las pruebas por el momento estas se realizarán este sábado y domingo."Lo más grave sería suspender, pero toca hacerlo pues se hace", precisó Claros Polanco al indicar que va a estudiar el documento en su despacho.

Finalmente aseguró que es la Universidad de Pamplona, que firmó un contrato con la Judicatural, es la responsable de realizar las preguntas y respuestas. "Sería gravísimo si se confirmaran estas denuncias. Se firmaron unos contratos de cumplimiento que buscan que no se filtren los cuestionarios".

El costo de la realización de las pruebas se acerca a los dos mil millones de pesos. "La Fiscalía General tiene que investigar si se han vulnerado los contratos firmados con dos entidades para su realización y análisis".