Ante la crítica situación que enfrenta el sistema judicial colombiano, el Gobierno nacional insistió en seguir impulsando la reforma a la justicia que incluye la reforma constitucional, la expedición de varias leyes, y esfuerzos presupuestales y administrativos que deben hacerse, según lo expuso de nuevo el presidente Juan Manuel Santos.
“La reforma a la justicia incluye la reforma constitucional pero también -y de forma muy importante- otros actos legislativos relacionados y la expedición de varias leyes, además de los esfuerzos presupuestales y administrativos que deben hacerse”, manifestó el mandatario.
Agregó que no puede perderse de vista que ya se aprobaron por el Congreso, en legislaturas calificadas como históricas, muchas de estas iniciativas relacionadas con el sector justicia.
“Es el caso de la reforma constitucional que desmonopolizó el ejercicio de la acción penal -que abrió las puertas a la participación activa de las víctimas-, la Ley de Desmovilizados, la Ley de Seguridad Ciudadana, el Estatuto Anticorrupción, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la eliminación del incentivo económico en las acciones populares, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, anotó.
El presidente reiteró que en el Congreso cursan actualmente otras iniciativas de inmensa importancia, que hacen parte de la amplia reforma a la justicia que su administración impulsa.
“El Código General del Proceso, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, una nueva ley de Jueces de Paz, la reforma al Arancel Judicial, el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, el Código Penitenciario y Carcelario, y la Reforma a Justicia y Paz, que seguramente serán aprobados en este período de sesiones que acaba de iniciar”.
“Además, tenemos el proyecto de acto legislativo de configuración del marco jurídico para la paz y el presentado el pasado viernes -por todos los partidos que conforman la Mesa de Unidad Nacional- de Justicia Penal Militar”, dijo.
Y añadió que el Gobierno no propone ni quiere vender la reforma constitucional a la justicia como la panacea ni como la solución a todos los problemas que aquejan al poder judicial.
“Como acabamos de ver, además de la reforma, existen por lo menos otras diez reformas legislativas -todas muy importantes- tendientes a mejorar el desempeño de nuestra Administración de Justicia. Por eso permítanme insistir: no podemos reducir los esfuerzos del Gobierno en el sector justicia a la reforma constitucional”, adujo.
Durante su intervención, el Jefe de Estado también manifestó que se acordó eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para introducir una nueva concepción de administración y gestión, algo que han venido proponiendo las propias Cortes desde hace mucho tiempo.
“Planteamos una Sala de Gobierno independiente, participativa, democrática, representativa, de dirección, y con una verdadera concepción gerencial.
“La propuesta prevé -además de la presencia de los presidentes de las distintas jurisdicciones y sus delegados- curules para los representantes de empleados judiciales, jueces y magistrados de tribunal, lo que involucra a todos en la administración de la justicia: tanto a las bases como a las cúpulas”, sostuvo y agregó que las discusiones han ido desde el mantenimiento de la institución, tal y como viene aprobada hasta su eliminación, como se pensó en un principio, y lo siguen proponiendo muchos, pasando por algunas propuestas intermedias.
