POR TRATARSE de una iniciativa “que tiene divididas las opiniones en el Senado”, el proyecto de ley número 288 de 2009 Senado, “por medio de la cual se modifica el artículo 72 de la Ley 975 de 2005”, ampliando los términos de la Ley de Justicia y Paz, quedó aplazado para el próximo año.
Así lo anunció ayer el presidente del Congreso, Javier Cáceres, de Cambio Radical, quien calificó el proyecto como “bastante polémico, y por eso deberá votarse en marzo de 2010”.
Con la iniciativa, presentada por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, el Gobierno se propuso modificar el último artículo de la mencionada ley, en el que se regula la vigencia y derogatoria de la norma, y señala que se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y que rige a partir de la fecha de su promulgación, para que se aplique “únicamente a hechos delictivos ocurridos con anterioridad a la fecha de la desmovilización del respectivo miembro del grupo armado organizado”.
El 9 de diciembre, la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, dejó una constancia indicando que “llama la atención que el Gobierno haya hecho uso de su facultad de iniciativa legislativa para proponer un solitario artículo que extiende no tanto la vigencia de la Ley de Justicia y Paz (como dice el proyecto), sino su ámbito de aplicación, al incluir como destinatarios a los autores de delitos cometidos antes de su desmovilización”.
“Pareciera”, consideró la congresista liberal, “que ese fuera el único problema u obstáculo surgido de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, cuando la verdad es que hay otros escollos, tanto o más importantes, que requieren ser reformados para hacerla más eficaz y operativa. Tales escollos han impedido concretar la verdad de los hechos y, especialmente, la reparación a las víctimas, que es su principal objetivo”.
En ese momento, como lo publicó días después EL NUEVO SIGLO, se habló de que existía un acuerdo entre Córdoba y Valencia para discutir el tema y presentar una propuesta en marzo. Nadie en el Ministerio ni en el equipo de la congresista confirmó la versión.
Según las cuentas del Gobierno, la ampliación de Justicia y Paz beneficiaría a más de 25 mil paramilitares y guerrilleros desmovilizados.
El alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, declaró que si bien la ley no se ha hundido, reconoció que su aplazamiento sí es un problema: “Cualquier demora en la administración de justicia es grave. Entonces, igual debe dar paso al debate en la Cámara”.
Las extras tan sólo se usaron para que las plenarias de Senado y Cámara sesionaran por pocas horas. En el Senado trabajaron hasta las dos de la mañana del jueves y convocaron para reiniciar el debate a las once de la mañana, pero no tuvo asistencia. En la Cámara sólo se trabajó de 11 de la mañana a 2 de la tarde. En ambas corporaciones se aprobaron conciliaciones de algunas leyes.
