De acuerdo con las autoridades, este tipo de pago con electrodomésticos es más común de los que se piensa. Los porteros de Paloquemao cuentan historias de madres que llegan a las inmediaciones del edificio con televisores, licuadoras y hornos microondas para pagar honorarios de abogados que defienden a hijos y esposos presos. Pero no sólo en Paloquemao.
Muchos de los profesionales que aceptan ollas a presión a cambio de diligencias jurídicas trabajan en las afueras de las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI), a donde son llevada las personas capturadas en flagrancia o por orden judicial.
Los clientes de los “reducidores”, como algunos llaman a estos abogados, suelen ser las gentes más pobres, muchas sin ninguna formación académica, que reciben su asistencia profesional como una verdadera bendición, aún más si pueden pagar con lo poco que tienen.
Francisco Benjumea, por ejemplo, un preso condenado en la cárcel Modelo de Bogotá, recuerda que la última plata que le debía a su abogado se la pagó con una cama, un colchón ortopédico y un cuadro de la Virgen del Carmen. ¿Se trata de una práctica que desacredita la labor de los abogados?, ¿hay algo por hacer? Nada de raro Según el Consejo Nacional de la Judicatura, máxima instancia disciplinaria de los abogados, cada profesional está en libertad de pactar la forma de pago de sus honorarios. Recibir estufas, secadores de cabello o anillos es cosa de cada quien. No es un delito.
Para el abogado R. todo es culpa de la pobreza en la que ha ido cayendo la profesión. Según él, ya no son abogados sino “ahogados”, y lo dice con una seriedad amarga, sin ironía alguna. En la billetera, admite, no tienen plata y el pasaje de regreso a su casa depende de que alguien lo contrate hoy.
Ahora, una asesoría puede pactarse por diez mil pesos.
Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en La Justicia, le da la razón a R. Ella cree que todo es culpa de la concentración de los casos lucrativos en unos pocos profesionales. A algunos de los juristas más célebres, los acusa de dilatar los procesos sólo para poder cobrar cuantiosas comisiones.
En efecto, mientras el abogado de una multinacional puede cobrar hasta cien millones de pesos por un concepto jurídico de apenas dos o tres hojas de extensión, un “reducidor” tiene que conformarse con treinta mil pesos, o su equivalente en trastos de cocina.
Whanda Fernández, docente de la Universidad Nacional y una de las penalistas más destacadas del país, lamenta la situación porque ella sí cree que recibir electrodomésticos atenta contra la profesión. En su opinión, todo es culpa del sistema penal acusatorio y de una práctica cada vez más extendida que ella califica de “combos económicos”.
Al parecer, el nuevo sistema permite que en una sola audiencia a veces se resuelvan hasta tres instancias procesales, algo así como comprar una hamburguesa y, por el mismo precio, llevarse gratis la gaseosa, las papitas fritas y el muñequito de moda. Según Whanda Fernández, esa búsqueda exagerada de la economía procesal ha terminado por empobrecer la profesión y tiene quebrados a muchos abogados.
S., un penalista con diez años de experiencia, ahora vende pólizas de seguro y redacta derechos de petición y hasta escribe trabajos para estudiantes universitarios, todo eso mientras espera a que alguien lo llame a su celular sin minutos disponibles.
Su oficina la comparte con una mujer que vende productos esotéricos, inciensos, piedras magnéticas, velas y aguas de colores para el amor, la fortuna, el buen entendimiento y el éxito profesional.
La oficina de S. está separada del almacén por un muro de tabla pero el olor de los ungüentos se cuela por algún lado. Él no cree que la fortuna dependa de prender velas, pero por si acaso dice que se compró una. Todavía no la paga. Podrá hacerlo si funciona.
FALTAN ABOGADOS DE OFICIO.
Toda persona capturada tiene derecho a un abogado de oficio, es decir, un jurista profesional que vele por sus intereses sin cobrarle nada al ciudadano, pues los honorarios corren por cuenta del Estado, encargado de cancelarlos en su totalidad. Desafortunadamente, advierte Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, el Estado todavía no logra cumplirles a todos los ciudadanos con ese derecho y es por eso que cientos de personas pobres se ven obligadas a resolver su defensa usando lo poco que tienen.
RECUPERAR DIGNIDAD.
‘‘Falta un verdadero colegio de abogados que dignifique la profesión. Los que existen por ahí sólo son para tomar licor y no aportan ni saber ni reflexión académica” Whanda Fernández, abogada. Docente de la Universidad Nacional.
1.000 millones de pesos pueden ser los honorarios calculados de los abogados que participan en un caso de litigio entre banqueros.
