“Las mujeres son irracionales. Por lo tanto sus argumentos, señora fiscal, también lo son. De ahí que su solicitud es rechazada”.
Esas frases corresponden a una transcripción literal de una audiencia del nuevo sistema Penal Acusatorio. Están contenidas en el infome cuyos resultados, que promete generar polémica, apuntan a que nueve de cada 10 servidores judiciales en el país tienen “rasgos de personalidad muy marcados” que, quiérase o no, terminan incidiendo en la administración de justicia.
Sin saberlo, el juez era observado por dos psicólogos, un médico, un abogado, un trabajador social y un experto en estadística del Dane.
En total, los autores del estudio entrevistaron o analizaron el comportamiento de 512 funcionarios y observaron 230 audiencias realizadas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería y Quibdó y proyectaron sus resultados.
El ‘perfil’ sicológico pasa por los disociales (que tienen tendencia a violar normas o a desconocer los derechos de los demás) hasta los paranoides y los impulsivos. Son rasgos que se manifiestan en todos los grupos sociales pero que, tratándose de la administración de justicia, terminan siendo determinantes.
Los que tenían rasgos ‘disociales’, de acuerdo con las observaciones y las encuestas, fueron el 51 por ciento. Un 2,3 por ciento presentaba ya un transtorno de personalidad en ese sentido.
“¿No es acaso el control del rompimiento de la norma social el propósito que se persigue con un sistema jurídico? -cuestiona la Procuraduría-. ¿Entonces, son los operadores de ese sistema los transgresores de la norma social?”.
Tres de cada diez responsables de la justicia (el 35,2 por ciento de los entrevistados) tienen rasgos obsesivo-compulsivos: ideas fijas sobre determinados temas.
Los investigadores dicen que la obsesión es positiva para el sistema, por ejemplo, cuando el investigador se enfoca en conseguir todas las pruebas del caso y no descansa hasta conseguirlo, pero que empieza a haber líos cuando aparecen los preconceptos, especialmente en casos de delitos sexuales (vea notas anexas).
En un 17 por ciento de los casos analizados hubo comportamientos paranoides, que producen que un fiscal o un defensor puedan tomar como un asunto personal los procesos y actuar de manera menos objetiva.
Y 16 de cada 100 reportan ‘rasgos ansiosos’: manifestaciones de tensión emocional, temor, inseguridad y miedo a la crítica que, dice el Instituto de Estudios de la Procuraduría, explica por qué en muchas de las audiencias “una de las partes parece un ‘invitado de papel’ que no asume sus funciones” de defender a la sociedad o al acusado.
La Procuraduría encontró, además, que la recarga laboral está afectando emocionalmente a los operadores de la justicia y, por ende, al mismo sistema. Eso pasa, con diferentes grados, en uno de cada tres casos.
Y un dato clave: el 13,6 por ciento de las personas que fueron entrevistadas dijeron que no logran ‘conectarse’ con las personas que llegan a sus despachos para un caso judicial, “lo cual resulta de suma gravedad a la hora de defender a un sindicado, proteger los derechos de las víctimas y juzgar o condenar a alguien”.
La Judicatura, que aún no conoce formalmente el estudio, tiene serias reservas frente a sus conclusiones. Pero la discusión queda abierta pues, resaltan los autores, las actuaciones de los operadores judiciales “pueden llegar a marcar destinos” con decisiones a veces no tan racionales.
Algunas respuestas de los encargados de hacer justicia en Colombia
Sobre los agresores sexuales: “Ninguno de ellos se recupera; esta gente no tiene cura”.
Sobre cómo ganar un juicio: “Es importante poner a la víctima a hablar en el juicio; eso ablanda al juez e impacta al público” (la víctima era una menor abusada sexualmente).
Sobre cómo funciona el sistema Penal Acusatorio: “Muchas veces sé que el fiscal tiene la razón, pero lo importante es sembrar la duda en el juez. Todo el sistema es un juego donde gana el que mejor caña”.
Sobre los casos: “Las limitaciones del sistema son grandes; cuando me llegan las denuncias, muchos casos de entrada ya están perdidos porque no solicitaron a tiempo los elementos probatorios. Entonces, ¿qué tanto vale la pena esforzarse?”.
Sobre la carga laboral: “Desde hace cuatro meses estoy encargado no solo de mis negocios, sino también de los de mi compañero que salió. Creo que tengo más de 500 casos. Trasladaron la sede de los juzgados y desde mi oficina hasta allá me gasto cerca de una hora (…) Es muy complicado, pues llego a la audiencia y me salen con que la aplazaron; entonces me toca quedarme a perder el tiempo, con tanta cosa que hay que hacer”.
‘Ladrón no es el que roba sino el que se deja atrapar’
La investigación de la Procuraduría también incluyó el perfil sicológico de los presos del país.
Una conclusión del estudio es que muchas de las personas que están en la cárcel tienen la percepción de que sus problemas actuales no se derivan directamente de sus actos, sino del hecho de haberse dejado descubrir o capturar.
La muestra incluyó entrevistas con 625 presos sindicados o condenados por homicidio, lesiones personales, secuestro, delitos sexuales, narcotráfico hurto y estafa.
En el caso de los delitos económicos, seis de cada diez aseguraron que violaron la ley por “dinero y ambición”, mientras que apenas 2 de cada diez dicen que estaban frente a una situación de supervivencia que los llevó a robar.
En lo que toca a responsables de delitos sexuales, casi la mitad (el 45 por ciento) da explicaciones relacionadas con fuerzas que supuestamente no pudieron controlar y los llevaron al crimen (Dan respuestas como ‘el demonio me impulsó’, ‘escuché una voz’, etc.). El 14 por ciento, además, sostiene que hubo algún tipo de ‘seducción’ por parte de la víctima.
La muestra encontró que, contrario a lo que se cree, solo entre el 7 y el 20 por ciento de los abusadores sexuales detenidos fueron víctimas del mismo delito. En cambio, el 76 por ciento reportó haber sido víctima de violencia intrafamiliar durante la niñez.
Tres de cada 10 asesinos dicen que mataron en defensa propia y dos de cada 10 asegura no saber por qué cometió homicidio. La venganza es la respuesta del 11 por ciento de los presos que hablaron en el informe. En las cárceles, siete de cada diez internos son ‘primerizos’ (están presos por primera vez), aunque extraoficialmente casi la mitad reconoce que son reincidentes en cometer delitos.
Una persona de las entrevistadas por los investigadores de la Procuraduría admitió que ha estado en la cárcel 38 veces en toda su vida.Sandro: ¿culpable o inocente?
El caso de Sandro, un cargador de Quibdó (Chocó) que cumple una condena de 35 años por la violación y el homicidio de su hijastra, llevó a los autores del estudio a plantear un interrogante: “¿Hubo subjetividad de los funcionarios judiciales en ese juicio?”.
La Fiscalía lo acusó como responsable de un acto sexual violento y una posterior golpiza que produjo la muerte de la menor. Como prueba, el fiscal presentó un cabello encontrado en los genitales de la víctima que, al ser analizado mediante pruebas de ADN, resultó ser del acusado.
Pero el hombre siempre negó los cargos. Según él, el día del crimen salió a vender empanadas en el centro de Quibdó y al llegar a la casa, dijo, encontró a la niña muerta. Aunque se tomaron pruebas de semen, los resultados nunca se conocieron. Los especialistas cuestionaron si fue suficiente la prueba con la que condenaron al hombre por un delito en el que, a primera vista, todo lo incrimina.
El Tiempo / 20 de abril de 2009
