Bogotá, 12 de febrero de 2024. Durante el mes de enero y conforme a la designación de nuestro Director Ejecutivo para integrar la Comisión para la Reforma la Justicia, la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— remitió al Ministerio de Justicia y del Derecho un documento que desarrolla las propuestas que, a juicio de este centro de pensamiento, considera fundamentales tener en cuenta para la reforma al sistema judicial.
En primer lugar, en materia de gobernanza y administración del sistema, la CEJ considera esencial garantizar un presupuesto eficiente para la Rama Judicial, fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y separar las funciones de direccionamiento de las de gobierno y las de gestión.
Por otro lado, la CEJ destaca la importancia de incrementar la virtualidad en el ámbito judicial, con el fin de darle mayor cabida al acceso y al denominado expediente digital. En este sentido, se resalta la necesidad de promover el acceso a la justicia mediante la creación de un fondo de financiación y tecnología judicial. Este enfoque no solo contribuirá a agilizar y optimizar los trámites judiciales, también los hará más flexibles y accesibles para la ciudadanía.
De igual manera, se propone simplificar el sistema, depurando el ordenamiento jurídico y la política de producción normativa; ajustar y armonizar los códigos procesales; reforzar la conciliación como Método Alternativo de Solución de Conflictos; fortalecer la cosa juzgada; simplificar y flexibilizar el régimen de contratación estatal e implementar una política penal y penitenciaria efectiva.
Adicionalmente, frente al mejoramiento de la oferta judicial, se propone reforzar la Escuela Judicial; el fortalecimiento de la justicia electoral; mejorar la ejecución de las sentencias judiciales así como la primera instancia y los órganos de cierre.
Finalmente, y como la CEJ ha puesto de presente en diversas ocasiones, debe mejorarse la formación de abogados; elevar las condiciones para otorgar el Registro Calificado de Programas de Derecho, robustecer los criterios de evaluación y aprobación del Examen de Estado y robustecer los controles al ejercicio de la profesión.
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