Ayer, sin embargo, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Julio César Ortiz Gutiérrez, apoyó a la Procuraduría y le pidió al Congreso suspender la discusión legislativa con el fin de permitir un análisis más a fondo de la propuesta liderada por el fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez.
En una carta de dos páginas, Ortiz les pide a sus homólogos de Senado y Cámara, Miguel Pinedo Vidal y Armando Pomárico Ramos, respectivamente, tener en cuenta los argumentos de la Rama Judicial para aprobar o no finalmente la reforma el próximo año.
Solicitamos que se tenga en cuenta el pensamiento de varios de los organismos de la Rama Judicial, que están en condiciones constitucionales y legales de hacer sustanciales aportes a la definición de la política criminal en el país , señala Ortiz en la misiva.
Ortiz, en diálogo con este diario, dijo ayer que de no brindarse un lugar en la discusión, desde luego respetando las decisiones autónomas del Congreso, sería la pérdida de la oportunidad de actualizar y de modernizar el régimen penal colombiano . La Fiscalía ya es un dios dentro del proceso penal , agregó.
Ortiz respaldó, a su vez, las advertencias lanzadas sobre la reforma por un grupo de universidades y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). Según los decanos de las facultades de Derecho de Los Andes, el Rosario, la Sergio Arboleda, la Universidad Libre de Cali, la Universidad Autónoma de Colombia, la reforma implica un retroceso de por lo menos 50 años. Precisamente, la CEJ ayer hizo un nuevo pronunciamiento (ver recuadro).
A propósito del debate, los congresistas María Isabel Rueda y Mario Rincón señalaron en una carta dirigida a EL TIEMPO que la reforma contiene valiosas innovaciones que garantizarán en Colombia un proceso más ágil y una investigación más completa y responsable .
A su vez, el vicefiscal general de la Nación, Jaime Córdoba, dijo a este diario que la reforma de los códigos no era política y que pese a las críticas no iban a retirar la propuesta del Congreso.
No podríamos retirarla por las críticas infundadas e inspiradas en criterios e intereses personalísimos de unos pocos , agregó el vicefiscal Córdoba.
El siguiente es el texto de la carta enviada al Congreso por el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura: Santafé de Bogotá D.C., diciembre 9 de 1999 Doctores Miguel Pinedo Vidal Armando Pomárico Ramos Presidentes Honorables Senado de la República y Cámara de Representantes Ciudad Apreciados señores presidentes: Con el debido respeto y dentro de las más altas consideraciones constitucionales en trámite legislativo de los proyectos de ley de los códigos penal, de procedimiento penal y penitenciario, solicitamos que se tenga en cuenta el pensamiento de los varios organismos que integran la Rama Judicial, que están en condiciones constitucionales y legales de hacer sustanciales aportes a la definición de la política criminal del país, pues, como lo señalamos en nuestro oficio No. B001-0821-99, del 29 de septiembre pasado, podemos formular valiosos aportes en este asunto que tanto ha comprometido los esfuerzos del Honorable Congreso de la República en esta legislatura.
Además, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de manera unánime en la sesión de la fecha decidió acompañar los términos de la Carta Abierta al Congreso de la República, suscrita por la Corporación Excelencia en la Justicia y los decanos de las facultades de derecho de las universidades del Rosario, Javeriana, Andes, Sergio Arboleda y Libre de Cali, entre otros, que se ocupa del trámite legislativo del proyecto de código de procedimiento penal; en este sentido también recordamos y avalamos la petición formal del señor Procurador General de la Nación de 22 abril del presente año, dirigida al Congreso de la República.
Ruego a los señores presidentes hacer conocer de las plenarias de las cámaras estas breves observaciones.
Cordialmente, Julio César Ortiz Presidente Consejo Superior de la Judicatura .
* Habla la CEJ Ayer, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), a través de su director Alfredo Fuentes, se pronunció respecto de la reforma de los códigos. El siguiente es el texto de la misiva enviada a este diario: En nota publicada en la edición de El Tiempo de la fecha, los congresistas María Isabel Rueda y Mario Rincón, ponentes del proyecto de ley sobre Código de procedimiento penal expresan su sorpresa desfavorablemente por la publicación de un aviso en El Tiempo suscrito por el Director de la Corporación Excelencia en la Justicia y reconocidos voceros de prestigiosas Facultades de Derecho, Colegios de Jueces y Fiscales y de Abogados, académicos, magistrados y penalistas. En primer lugar, no es cierta la afirmación de que nuestras observaciones no fueron planteadas oportunamente. En los nueve foros académicos nacionales e internacionales organizados este año por la Corporación en ocho ciudades de Colombia, así como en otros eventos en que participamos invitados por el Congreso, presentamos con toda seriedad nuestras observaciones. La Corporación hizo entrega al país, comenzando por los ponentes del Código, de un libro que resume las críticas recogidas sobre el proyecto que cursa en el Congreso.
Las opiniones constructivas presentadas en la carta pública no hacen sino reiterar nuestras propuestas dirigidas a que finalmente haya en Colombia un proceso penal donde exista un verdadero juicio oral, público, rápido, con posibilidad de controvertir las pruebas, con derecho a una buena defensa técnica, y donde se consagre una separación de las funciones de investigación y juzgamiento. Tanto la Constitución, como nuestras altas Cortes han reconocido plena vigencia en Colombia a esta garantías de alcance internacional sin que el proyecto a punto de ser aprobado las haya incorporado. Conviene recordar que nuestras recomendaciones guardan plena consistencia con la posición oficial asumida sobre la materia por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación.
Alfredo Fuentes Hernández Director Ejecutivo .
El Tiempo / 11 de diciembre de 1999
