Los ponentes decidieron eliminar del proyecto inicial, que ya ha sido aprobado en cuatro debates, la extensión de esa medida para las vacantes en los juzgados y proponen también eliminar uno de los apartes más polémicos del proyecto, que suspendía de hecho todos los concursos que se están realizando en el país y prohibía el inicio de nuevas convocatorias por tres años, salvo el que ya se está haciendo con los notarios.
La inusual protesta de los jueces puso los ojos del país sobre la iniciativa, que no había tenido mayor difusión y que es casi calcada de un proyecto que fue aprobado por el Congreso en la pasada legislatura y que fue objetado por la Presidencia, recogiendo observaciones de la Procuraduría.
Esa norma les daba a todos los funcionarios en provisionalidad la posibilidad de entrar a carrera administrativa sin lugar a concurso y en su momento fue calificada como un ‘mico’ a la meritocracia.
Va para quinto debate
El próximo martes, los ponentes de la iniciativa -promovida por el Polo Democrático y a la que se le han unido por lo menos una decena de congresistas, entre ellos liberales y conservadores- llevarán a cabo una audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara.
“Hay consenso en el Congreso”, señaló el representante del Valle Homero Giraldo, del Partido Liberal, sobre el futuro de la reforma.
Por su parte, Germán Navas Talero, del Polo y uno de los ponentes de la reforma, aseguró que el proyecto busca resolver la situación de miles de personas que están en la provisionalidad, pero que respetan los concursos de la Rama Judicial porque “han funcionado”.
Según Navas, aunque desde el principio no le gustaba el tema de la suspensión de los concursos, lo apoyó en estos cuatro debates “porque la cuestión era tramitarlo (el proyecto) rápidamente”.
Lo cierto es que la iniciativa ya genera polémica. “Tal proyecto de reforma constitucional es innecesario y es totalmente inconveniente para el país, pues el concurso de méritos ha garantizado una judicatura independiente e imparcial”, señaló la Corporación de Jueces y Magistrados (Comjusticia).
“Es un retroceso y atenta contra la sana competencia de miles de aspirantes para ingresar y ascender en la Administración de justicia”, dijo Humberto López, quien participa en el concurso para uno de los 140 cargos para jueces administrativos.
En el otro lado del debate están varios sindicatos. Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que la iniciativa “es un reconocimiento de muchos servidores públicos del país que han cumplido con la función pública. Se han mantenido porque han demostrado que son buenos profesionales”. Anunció que no apoyará cambios al proyecto inicial.
Por la misma linea está Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial (gremio de funcionarios judiciales), quien aseguró que “la esencia del proyecto es buena, porque busca proteger por medio de carrera a los trabajadores que llevan muchos años en provisionalidad”.
REDACCIÓN JUSTICIA
El Tiempo / 21 de agosto de 2008
