Eso dice en una carta la organización estadounidese Human Rights Watch.
La reforma a la justicia que impulsa el gobierno de Colombia no solo representa un “grave retroceso’ en materia de Derechos Humanos sino que afectará profundamente la credibilidad de la administración del Presidente Juan Manuel Santos.
Eso dice en una carta la organización estadounidese Human Rights Watch en la que piden nuevamente retirar la reforma, en particular lo que concierne al fortalecimiento del fuero militar.
“Creemos que su gobierno tiene una oportunidad histórica para fortalecer los derechos humanos y el estado de derecho en Colombia. Como sabe, hemos reconocido públicamente las importantes medidas que ya ha adoptado en ese sentido. Sin embargo, estamos convencidos de que esta reforma constitucional representaría un grave retroceso para
Colombia y debilitaría profundamente la credibilidad del compromiso de su gobierno para lograr estos objetivos”, dice en la carta José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de esta organización.
La carta, que fue entregada hoy al gobierno nacional, es una respuesta a otra misiva en la que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, refuta las críticas de la ONG y las cataloga de “infundadas”. (Lea la carta de Human Rights Watch al Gobierno)
La reforma propuesta, que en este momento hace su trámite en el Congreso, modificaría la Constitución para establecer la presunción de que todos los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública durante operaciones y procedimientos tendrían “relación con el servicio” y, por lo tanto, estarían sujetos en un comienzo a investigaciones de la jurisdicción militar.
En su carta, Esguerra alega que la reforma no afectaría el artículo 3 del Código Penal Militar en el que se dispone que los delitos de lesa humanidad y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario no están relacionados con el servicio y por lo tanto recaen en la justicia ordinaria.
“Si bien esto es cierto, se trata de una observación irrelevante teniendo en cuenta que la cuestión clave es que, tras la reforma, la justicia penal militar comenzaría en forma automática la investigación inicial de casos de abusos militares que el artículo 3 excluye de la jurisdicción militar, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. De este modo, las autoridades de la justicia penal militar tendrían la potestad de aplicar el artículo 3 y remitir los casos a los fiscales del sistema de justicia penal ordinario, si así lo estimaran pertinente.”
Para la ONG, lo más grave es que la justicia militar en Colombia “carece de la independencia, la imparcialidad y, por consiguiente, de la credibilidad necesarias” para suponer que va a transferir inmediatamente los casos de derechos humanos a la justicia ordinaria.
Así mismo, dice, ya posé un récord deficiente en este sentido como quedó constatado en el informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado año 2010.
Y Esguerra, dice HRW, no presentó en su carta evidencias que demuestren lo contrario.
Según HRW, Esguerra en su carta dice también que Colombia no tiene “inquietud alguna” frente a la posibilidad que el país termine siendo investigado por la Corte Penal Internacional ya que cuenta con un “sistema idóneo de justicia penal militar con la capacidad y entera disposición de llevar a cabo las investigaciones y juzgamientos contra miembros de la Fuerza Pública y hacerlos comparecer ante la justicia cuando resulten penalmente comprometidos”.
Al decir esto, dice HRW, Esguerra insinúa precisamente lo que más les preocupa: “que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra efectivamente serían juzgados en la jurisdicción militar”.
HRW también expresa su preocupación pues la reforma permitiría que investigaciones en curso sobre violaciones a los DD:HH:, que están ante la justicia ordinaria,regresen a la justicia militar pues los miembros de la Fuerza Pública podrían exigir que se les aplique el principio de “favorabilidad”.
De acuerdo con HRW, si bien el ministro Esguerra y otros funcionarios del gobierno han insistido en que los cambio propuestos no tienen por objeto promover la impunidad “la aprobación de la reforma tendría precisamente ese efecto”.
