Las ocho denuncias presentadas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por las irregularidades que se habrían presentado durante la Conciliación de la reforma a la Justicia, llevaron al alto tribunal a abrir una investigación preliminar contra los 12 congresistas encargados de este trámite.
El oficio, firmado por el presidente de la Sala Penal, José Leonidas Bustos; el presidente de la Corte, Javier Zapata , y el magistrado Julio Enrique Socha Salamanca, señala que la investigación preliminar por estos hechos quedó reunida en el proceso de única instancia, número 39308, según indicó la agencia de Noticias Colprensa.
Se trata de un trámite que no es hace parte del proceso penal propiamente, sino que es el paso previo a una investigación penal y a la imputación de delitos a los congresistas.
Así, lo señala, el profesor de la Universidad Eafit, Juan Oberto Sotomayor, “la Corte valora la investigación preliminar, que no significa que haya un proceso penal propiamente dicho, sino que se hace para ver si hay mérito para iniciar una investigación penal y realizar una imputación por alguno de los hechos en contra de alguno de los congresistas denunciados”.
Aclaró que la Corte podría archivarla si considera que no hay delitos, sin perjuicio de que más adelante con nuevas pruebas pueda realizar esa investigación.
LA POSICIÓN DE LA CORTE
Para los miembros del Congreso que están siendo investigados, queda un sinsabor con la contradicción aparente que tiene ahora la Corte al investigarlos, pues en un principio dijo que no incurrirían en prevaricato, al hundir la reforma a la Justicia.
El pasado 28 de junio, el presidente de la Sala Penal, José Leonidas Bustos, le dio en su momento, un parte de tranquilidad a los congresistas para que hundieran la reforma, pues no habían méritos para que fueran investigados por ir en contra de lo que manda la ley.
“No cometerían prevaricato si cumplen con sus funciones”, indicó Bustos en entrevista con Caracol Radio, en la que también explicó que, “cuando se habla del delito de prevaricato se parte del supuesto de que el funcionario público obró de manera burda, manifiestamente contrario a la Ley”.
El presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, señaló que si bien hizo parte de la comisión de conciliación no la firmó. “En lo que sí estoy de acuerdo es en que se investigue si algunos congresistas obraron para favorecerse o favorecer a terceros”.
PERO, ¿PREVARICARON?
La CSJ al recibir las ocho denuncias contra los congresistas que hicieron parte de la Comisión de Conciliación de la reforma aprobada el pasado 20 de junio, tenía que abrir investigación preliminar, pues así lo indica la ley.
Sin embargo, Sotomayor considera que lo más posible es que la archive al menos en lo que respecta al delito de prevaricato. “El hecho de que la Corte Suprema conozca esta investigación preliminar no tiene un significado especial, sino que el deber del tribunal es tramitar cualquier denuncia que le llegue”.
Sotomayor señala que al no existir una claridad sobre lo que se debía hacer en el caso de las objeciones a la reforma, “no creo que los congresistas puedan ser imputados por prevaricato”, pues se necesita que se aun acto “manifiestamente contrario a la ley” y aquí habían dudas de si era legal o no.
¿QUÉ SIGUE? RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Para Juan Oberto Sotomayor, profesor de Derecho Penal de la Universidad Eafit, la responsabilidad penal es algo muy distinto a la responsabilidad política. Si bien se puede archivar la investigación preliminar en la Corte Suprema, la responsabilidad política puede seguir su curso. En este sentido, “si a alguien debería valorar desde el punto de vista jurídico y político, es al Gobierno, porque es quien devolvió trámite al Congreso sin hacer lo que se supone le correspondía. Él es el primer responsable de esta situación” y en segundo renglón al Congreso.
