El presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, anunció este lunes que esa Corporación no regresará al debate de la Reforma a la Justicia en el Congreso de la República, por estimar que no sólo constituye una sustitución de la Constitución Política sino que afecta el diseño del Estado de Derecho.
Tras salir de Sala Plena, el magistrado Gómez señaló que preocupa a esa Corporación quela reforma actual no acogió ninguno de los elementos que propusieron el año pasado.
“(Se) registró con preocupación las circunstancias como se debilita la unidad de la rama judicial, se entra en una circunstancia de sustitución de la constitución, se afecta el sistema de pesos y contra pesos del poder, se sustituye la delimitación que hizo la Carta del 91 a la forma cómo se diseño el Estado de Derecho con gran riesgo para los ciudadanos y la legitimidad del orden político y la supervivencia democrática de la sociedad”, dijo.
El magistrado Gómez estimó que no se encontraron espacios para que el Consejo participara pues, en el pasado, en el debate, fueron desechados los planteamientos de la Corporación, “sin ningún argumento”.
El magistrado señaló este lunes justo cuando recibió la vista del presidente de la Cámara, Simón Gaviria, invitando a que regresaran al debate, que ese era un deber del político pero que la participación judicial “no puede ser adorno ni elemento de legitimación pasiva”.
Gómez no condicionó el regreso al debate a que se cambien los artículos que molestan al Consejo ni a que se hunda el proyecto de acto legislativo sino en que haya una invitación real de participación.
El Consejo de Estado también acordó este lunes convocar a un gran foro nacional en el que participen el Gobierno, el Congreso, las otras cortes, la academia, los administradores de justicia, para debatir los alcances reales de la reforma ala justicia y así poder conocer “qué pretende la clase dirigente de Colombia” con el proyecto.
Gómez dijo que existe en Latinoamérica una tendencia “lamentable” por parte de los Gobiernos de querer hacer sistemas de justicia que se adopten a los esquemas del gobernante de turno y no a principios universales de derecho.
“A la justicia no le importa postular o no en la elección de Contralor o de Procurador, a la Justicia le importa que los poderes en el país tengan equilibrio y que no se ejerciten esos procedimientos perversos de los años 60 y 70 en donde los organismos de control eran simples aparatos superficiales”, señaló.
LOS ARTÍCULOS QUE MOLESTAN AL CONSEJO
El magistrado Gómez señaló que la actual reforma estaría sustituyendo a la Constitución con los artículos que hacen referencia al habeas iuris en los procesos judiciales porque “implica que los defensa de los derechos fundamentales se encomiende al superior jerárquico del juez donde se propone. Ello llevaría a que existirían tantas Cortes Constitucionales como superiores jerárquicos exista”.
Es decir, que para el Consejo de Estado esta figura quebraría el principio de que es la Corte Constitucional la que dirime conflictos en materia de derechos fundamentales de fondo.
Igualmente, el Consejo de Estado está en contra del artículo 166 de la Reforma que establece -dijo- que el tema de la justicia se reparta en una disímil cantidad de actores. Esto es, que a cualquier ciudadano se le encargue la labor de impartir justicia o que los abogados actúen como jueces adjuntos.
“El juez puede ser cualquiera y entonces las condiciones de transparencia, igualdad, preparación académica, se ven perturbadas”.
Al Consejo de Estado también le incomoda la forma como el Legislativo y el Ejecutivo determinarían qué es judicial y qué no. “De manera que la aspiración de los ciudadanos de existir en un Estado que le reconoce los derechos a las personas, queda sometida a las avatares de las contingencias políticas”.
De acuerdo con Gómez, de aprobarse esto, se estaría mermado poco a poco a la sociedad civil hasta llegar a un punto que el “poder autoritario” sería el que se imponga.
