Ponentes del proyecto en el Senado se han reunido con los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema y revelan que hay “buen ambiente” para que el poder judicial analice su regreso a las discusiones. ¿Cómo sería el acuerdo?
Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), presidente de la Comisión Primera del Senado, tiene sobre sus hombros la responsabilidad de sacar adelante la reforma a la justicia, el proyecto prioritario del gobierno en la presente legislatura.
Pero más allá de responderle a Juan Manuel Santos, como jefe de la coalición de la Unidad Nacional de la que Velasco hace parte, el senador caucano se ha empeñado en una misión que para muchos parece imposible: conseguir que las altas Cortes vuelvan a participar de los cuatro debates que le faltan al proyecto en el parlamento.
Y mientras la opinión pública se ha ocupado de los enredos sobre el fuero militar -que aún está incluido en el texto del proyecto-, Velasco, con el concurso de los ponentes de la reforma, ha adelantado diálogos particulares con el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, y de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Javier Zapata.
Diálogos que se han adelantado con dos premisas: “prudencia y discreción”. Velasco dice que si la reforma a la justicia impacta al poder judicial, lo más lógico es que sea una reforma consensuada con las Altas Cortes y no “aprobada contra las Cortes”. “Los he buscado yo y ellos (los magistrados) amablemente nos han atendido”, le confesó Velasco a Semana.com.
La más reciente reunión tuvo lugar en la noche del miércoles (27 de marzo) en una de las oficinas del Capitolio. Velasco junto con los ponentes del proyecto – Jesús Ignacio García (P. Liberal), Eduardo Enríquez Maya (P. Conservador), Juan Carlos Vélez (La U), Jorge Londoño (P. Verde) y Luis Carlos Avellaneda (Polo)- explicaron los nuevos acuerdos a los que han llegado los partidos políticos sobre el proyecto.
¿Por qué se fueron las Cortes?
El pasado 5 de diciembre, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia decidieron levantarse unilateralmente de las discusiones que adelantaba el Congreso.
Fue justo antes de que la Cámara de Representantes aprobara el cuarto debate del proyecto, el cuál sufrió muchos cambios respecto de lo aprobado por el Senado.
Las altas Cortes emitieron un fuerte pronunciamiento en el que cuestionaban que la reforma a la justicia, entre otras, les quitaba el poder nominador frente a los organismos de control -Procuraduría, Contraloría-; que el proyecto privatizaba la justicia; que el Congreso intentará eludir el juzgamiento de la Corte suprema; y en el que aseguraban que el poder judicial, el principal afectado por la reforma, no tenía garantías para debatir en el Congreso (Ver las seis razones por las que las Cortes se apartaron del debate). Y el pasado enero ratificaron su postura.
Desde entonces, en múltiples escenarios, los magistrados se han opuesto a la reforma con fuertes adjetivos, e incluso, han pedido el archivo del proyecto.
Mientras tanto el gobierno decidió seguir adelante con el proyecto y reiterar su invitación para que las Cortes vuelvan al debate y hagan sus reparos y sugerencias en el seno del parlamento.
Pero ha sido el Congreso, y concretamente la Comisión Primera del Senado, el que ha dado un paso adelante.
La decisión del regreso
Según el acuerdo al que llegaron los ponentes, el texto para discutir en quinto debate ha sufrido algunas modificaciones (Ver artículo: Cinco cambios tendrá la reforma a la justicia).
Entre otras, decidieron mantener las funciones nominadoras de las Cortes para los organismos de control, y que el juzgamiento de los funcionarios aforados (entre ellos los congresistas) tenga doble instancia pero dentro de la Corte Suprema de Justicia. Dos de las exigencias del poder judicial.
Los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia ya conocen de primera mano estos avances. Pero ellos no tienen la última palabra para decidir si el poder judicial vuelve al debate.
La decisión la tomarán las salas plenas de ambas corporaciones a partir de las conclusiones que los magistrados Gustavo Gómez y Javier Zapata les trasladen.
Luis Fernando Velasco prefiere no anticiparse a la decisión de las Cortes ni opinar sobre si actualmente el ambiente es favorable para el regreso de los magistrados al debate.
Pero uno de los ponentes, el senador Eduardo Enríquez Maya, dijo a Semana.com que percibe “un ambiente propicio” para que las Cortes regresen al debate. “Cada día que pasa se despeja más el camino para buscar en lo posible una reforma a la administración a la justicia plena de consenso”.
Otros ponentes, Jesús Ignacio García y Juan Carlos Vélez, coinciden en el valioso aporte de las Cortes y dicen que prefieren no anticiparse y respetar las decisiones que adopten los altos tribunales. Eso sí, resaltan la actitud de los magistrados de escuchar a los miembros del Senado, e insisten en la necesidad e importancia de que regresen al debate.
