Crédito: Tomada de Noticias RCN.

Bogotá, 20 de septiembre de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por Noticias RCN. El texto fue tomado de su página web.

Después de 13 años, las familias de los once diputados del Valle del Cauca secuestrados y posteriormente masacrados por la guerrilla de las Farc, recibirán a título de indemnización una suma superior a los 23.000 millones de pesos, según sentencia del

Consejo de Estado donde condenó a la Nación como responsable del execrable hecho.

La deuda económica y moral que nos compete asumir como contribuyentes, no debería ser suplantada por el Estado sino por sus directos responsables, quienes sistemáticamente han cercenado el derecho a la vida y a la integridad de millones de colombianos que han sido reconocidos como víctimas y que hacen parte del mapa violento que ha dejado el conflicto armado en Colombia.

Para el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, establecer una medida general para señalar que el Estado debe pagar por cualquier acto de barbarie relacionado con el conflicto, podría parecer impropio.

“El Estado solo se hace responsable cuando hubo una advertencia y él fue omisivo en tenerla en cuenta para, por ejemplo, cuidar la protección de una persona en cuanto a su vida, en cuanto a sus bienes en cuanto a su seguridad personal. No puede atribuirse una causa de un daño a quien no la ha generado directamente”, señaló Herrera.

La ecuación elemental nos daría como resultado que quien comete el crimen debe pagar por él. La premura en el diseño del acuerdo habanero, concedió muchos beneficios y pocas exigencias.

Reparación

La reparación a las víctimas de las Farc con recursos derivados de sus actividades ilegales, ha sido casi nula. La sociedad de activos especiales cuenta con actas donde las Farc certifican que existen bienes que no se podrán monetizar porque han sido robados o desconocen su ubicación, es decir, son inexistentes.

  • Más de 30.000 bienes no serán entregados
  • De los 24.456 semovientes que reportaron solo entregaron 229
  • Tampoco han entregado 9.570 millones de pesos
  • De los ocho inmuebles entregados siete pertenecen al Estado.

“Siempre se pensó que el producto de la liquidación de los bienes de las Farc, de los bienes mal habidos, debía ser utilizado para indemnizar a las víctimas, por eso la preocupación que tenemos nosotros de que exista un plazo definitivo”, aseguró Emilio Archila, consejero para el postconflicto.

Sin embargo, de las 9.048.515 víctimas, el Estado colombiano ha indemnizado a través de la Unidad de Víctimas a 1.044.000 personas.

Para el director nacional de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, la inversión ha sido de 7.4 billones de pesos.

“Los recursos que se prometieron en el marco de los acuerdos con las Farc no ha llegado a la unidad para las víctimas. Había un compromiso de entregar 30.000 millones de pesos, se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre del 2020”, indicó Rodríguez.

Aunque el daño moral es irreversible y la verdad continúa secuestrada, a los victimarios se les debe exigir reparación sin titubeos, para que las víctimas no terminen siendo un eufemismo más de la Justicia Especial de Paz (JEP).

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